La territorialización forzosa del IRPF social, sin el surgimiento de fuentes de financiación alternativa para las redes estatales de ONGS sociales, supone el mayor golpe dado a los pocos instrumentos de sostenibilidad social que le quedaban al Estado; un Estado (Administración central) cada vez menos social, pues pierde, sin apenas defenderlos, los escasos canales de acción e intervención sociales que tenía. Desde una consideración de política social, España a finales de 2017 es más pobre y desmantelada que al inicio del año.

 

En el ámbito más específico de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias, el balance es desigual. Por una parte, hemos asistido al fracaso colectivo, como sociedad y como país, de que el mandato legal de accesibilidad universal para el 4 de diciembre de 2017, ha sido burlado. Se ha llegado a la fecha límite con los deberes sin hacer, evidenciando que España tiene aún muchas heridas abiertas, en materia de accesibilidad, por la que se desangran los derechos de participación e inclusión de las personas con discapacidad, ante lo que solo cabe la movilización cívica, encarnada en una estrategia activa de denuncia, contestación y presión.

 

En materia de derechos civiles, ha habido avances, cuestiones pendientes que se han resuelto de modo favorable, gracias a la capacidad de propuesta e interlocución del movimiento asociativo y una escena política y parlamentaria, fragmentada y sin mayorías claras, en la que los asuntos de discapacidad, son de los pocos aptos para lograr consensos y hasta unanimidades. Así, hay que citar la reforma del Código Civil (artículo 56) para garantizar la igualdad de las personas con discapacidad a la hora de contraer matrimonio, eliminando restricciones y exclusiones. También en la esfera de la Justicia, hemos asistido a la reforma de la Ley Orgánica del Jurado, a fin de que las personas con discapacidad, antes excluidas, puedan desempeñar esta función. Ahora es la Administración de Justicia la que tiene la obligación, no solo de admitir a las personas con discapacidad, sino de proporcionarles medios y apoyos para poder efectuarlo. Materialmente una Administración tan menesterosa como la de Justicia, tendrá problemas sobre todo al principio, para atender esta obligación, persistirán barreras e impedimentos, pero el deber legal es claro, y podrá exigirse.

 

Otros gérmenes de avances producidos en 2017, de gran importancia cuando se vean plenamente realizados, ha sido la decisión del Congreso, por unanimidad, de admitir a trámite una proposición de Ley de Reforma de la Ley Orgánica Electoral General para reponer en el derecho de voto a todas las personas con discapacidad sin excepciones, iniciativa legislativa ahora en trámite parlamentario. Este año 2017, asimismo, el Parlamento aceptó tramitar la ILP del CERMI contra el copago confiscatorio. También son reseñables, legislativamente hablando, las mejoras traídas por la Ley de Contratos del Sector Público, para lo social y discapacidad, y la reforma del marco regulador del empleo de trabajadores autónomos, que ha incorporado avances para la discapacidad a propuesta del CERMI.

 

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