Así lo manifestó la plataforma representativa de la discapacidad a través de un comunicado en el que hizo balance social del año 2017 y donde destaca el cambio en el modelo de gestión de la asignación tributaria del IRPF de interés social (0,7%), al que se refiere como el "principio del fin" de un sistema que tras casi 30 años de vigencia desaparece como tal, "dando paso a un nuevo modelo que muestra inseguridades acentuadas sobre su viabilidad, continuidad y eficacia". Además, el CERMI califica esta reforma como el mayor golpe contra uno de los pocos instrumentos de sostenibilidad social que le quedaban al Estado.

 

En el ámbito más específico de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias, la entidad hace un balance desigual, subrayando "el fracaso colectivo como sociedad y como país al cumplirse la fecha límite sin haber resuelto el mandato legal de accesibilidad universal del 4 de diciembre por el que todos los entornos, productos y servicios debían ser accesibles".

 

Sin embargo, el CERMI también quiso destacar hitos positivos y avances conseguidos en este periodo como consecuencia de la capacidad de propuesta e interlocución del movimiento asociativo de la discapacidad.

 

La plataforma de representantes de la discapacidad destacó así la reforma del artículo 56 del Código Civil por la que se garantiza a las personas con discapacidad la igualdad a la hora de contraer matrimonio, o la reforma de la Ley Orgánica del Jurado, por la que las personas con discapacidad, hasta el momento excluidas, pueden formar parte de los jurados populares.

 

Además, el CERMI valoró positivamente la decisión del Congreso, adoptada por unanimidad, de admitir a trámite la proposición de Ley de Reforma de la Ley Orgánica Electoral General para devolver el derecho a voto a todas las personas con discapacidad, que se encuentra actualmente en trámite parlamentario.

 

Asimismo, la entidad celebró también la admisión a trámite por el Parlamento de la Iniciativa Legislativa Popular del CERMI contra el "copago confiscatorio", las mejoras derivadas de la nueva Ley de Contratos del Sector Público para lo social y la discapacidad y la reforma del marco regulador del empleo de trabajadores autónomos, que también incorpora mejorar para la discapacidad a propuesta del CERMI.