El pasado día 22 de junio de 2015, coincidiendo con la asamblea anual del CERMI, se daba a conocer el último recuento de firmas de apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular contra el copago confiscatorio en materia de autonomía personal y atención a la dependencia. Hasta esa fecha, y en menos de siete meses desde que comenzó a contar el período de captación -dos de diciembre de 2014-, se habían recogido 452.911 signaturas, un 90,5 por ciento del global necesario, fijado por la Ley en 500.000 firmas.

 

Una movilización sin precedentes en un sector estrictamente social como el de la discapacidad, había dado este resultado alentador, que augura que el propósito final, lograr al menos el medio millón de firmas necesarias para que la propuesta de modificación legal en relación con el copago llegue al Congreso de los Diputados y tenga que ser debatida, está al alcance de la mano, más aún sabiendo que hay de plazo hasta el 2 de diciembre de 2015 para seguir recopilando firmas, tras la concesión de la prórroga de tres meses que prevé la legislación reguladora de las iniciativas legislativas populares. 

 

Con un poco más de esfuerzo, un mecanismo constitucional como el de la iniciativa legislativa popular, establecido para abrir a la ciudadanía la participación política y legislativa, puede verse culminado con éxito y ello a propósito de la discapacidad y la dependencia, asuntos que por desgracia no suelen estar en las posiciones preferentes de la agenda política.

 

Si todo va como hasta ahora, el movimiento de la discapacidad, acompañado y asistido por otros sectores sociales, y sobre todo por la ciudadanía, que se ha volcado en el apoyo ante este requerimiento de solidaridad, el Parlamento español que surja de las próximas elecciones generales quedará emplazado a pronunciarse sin ambages sobre una demanda cívica ampliamente respaldada. A saber, la que aspira a que el derecho a recibir apoyos dignos y suficientes en caso de hallarse en una situación en la que la autonomía personal está comprometida -como consecuencia de la edad avanzada o de una discapacidad-, sea real y efectivo y no se vea impedido u obstaculizado por el factor disolvente del copago, que en estos años de despliegue de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, ha sido, está siendo, una barrera infranqueable para acceder a este nuevo dispositivo público de protección social, o si la persona logró entrar, una orden ejecutiva de expulsión.   

 

La propuesta contra el copago confiscatorio que a la vuelta de unos meses habrá de debatir el Parlamento español busca que en sede legal queden inscritos unos criterios iguales, más allá de dónde se resida, sobre participación en el coste de las prestaciones y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que libere en una primera fase más del 90 por ciento de las población beneficiaria de tener que hacer aportaciones. Luego, en cada territorio, continuará la movilización y la tarea de incidencia para que, en un segundo término, la comunidad autónoma establezca la gratuidad de las prestaciones y servicios dirigidos a personas con discapacidad en situación también de dependencia.

 

500.000 son muchas y muy poderosas razones como para encontrar oposición; ni siquiera la cerrazón más recalcitrante podrá detener esa caudalosa corriente de afirmación de derechos que ha sido la firma contra el copago.