Así lo ha destacado durante su intervención sobre las líneas de acción en materia de violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad, en el marco del II Plan Integral de Acción de Mujeres con Discapacidad 2013 2016, que ha ofrecido durante la Jornada Las Mujeres y las Niñas con Discapacidad Victimas de la Violencia de Género, organizada por el CERMI y el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.

 

“Esta es la realidad que habla de una población de mujeres con discapacidad completamente heterogénea, diversa, por lo que se tendría que considerar seriamente las situaciones de discapacidad que adquieren las mujeres por actos de violencia y ver qué medidas se precisan para ellas”, ha indicado.

 

Además, según datos que ha facilitado de un Estudio de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, “entre el 18 y el 22% de personas con discapacidad no tienen acceso a la justicia por causas de incapacitación legal, y, en su opinión, esto hace que esta población, mil millones de personas con discapacidad en el mundo, de las que 600 millones son mujeres y niñas, no tienen un sistema que las proteja ante estas situaciones “tan terribles”.

 

Así, para ella, también hay que ver cómo podemos afrontar las necesidades que esta población tiene para formar parte de todo el proceso de prevención de la violencia, de su atención, recuperación, concienciación social, que no sensibilización. “Hablamos de concienciación porque la violencia es una lacra para todo ser humano que tiene unas consecuencias terribles en poblaciones olvidadas, invisibles, como son las mujeres y niñas con discapacidad”, ha explicado.

 

“Más de la mitad de todas las personas con discapacidad, entre el 58 y el 62% son mujeres”, ha manifestado. Para ella, por ser mujeres, sufrimos la discriminación interseccional o múltiple, debido a muchos factores, que se manifiesta en una “invisibilidad total y absoluta” con una falta de reconocimiento en cualquier tipo de política.

 

Según ha denunciado, “no hay ninguna política de ningún país que verdaderamente asuma y se preocupe por la erradicación de la violencia contra las mujeres con discapacidad, que, además, cuentan con necesidades muy especificas y distintas según el grado y tipo de discapacidad”.

 

 

Las mujeres con discapacidad, ha expuesto, se caracterizan por un bajo nivel educativo, justificado por el hecho de que dos tercios de la población de mujeres con discapacidad tiene más de 60 años; por una falta de actividad laboral, una capacidad económica precaria, analfabetismo digital, una gran dependencia de terceras personas o de instituciones, una falta de derechos a la vida privada, a sus derechos sexuales y reproductivos, a su maternidad, y a los servicios de salud, y esto, ha asegurado, es lo que hace que tengan mayor riesgo de sufrir situaciones de discriminación en diversos ámbitos y, por tanto, de vulnerabilidad.

 

Incluso, ha añadido, existe una gran dificultad e imposibilidad de acceso a los servicios de asesoramiento o programas de recuperación de víctimas por parte de las mujeres con discapacidad.

 

Por otra parte, ha alertado también sobre la mayor dificultad para expresar los malos tratos por parte de las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género por la concurrencia de factores emocionales que dejan a la mujer sin capacidad para denunciar a esas personas de las que dependen. Además, ha agregado, muchas veces no se da crédito a las denuncias de mujeres con discapacidad y no se facilita esa denuncia en términos de comunicación para acceder a los servicios judiciales (por ejemplo, lengua de signos para una persona sorda), lo cual “es necesario”. “No encontramos respuestas individualizadas a los problemas”, ha apuntado.

 

Ana Peláez ha querido llamar la atención sobre el hecho de que las mujeres con discapacidad más vulnerables y de las que no se hablan y apenas tenemos mecanismos para llegar a ellas y atenderlas adecuadamente son las mujeres con discapacidad intelectual, quienes, además, no tienen acceso a la justicia y no tienen el mismo conocimiento sobre este acceso, dependen de instituciones para tomar decisiones en todos los ámbitos de la vida, es decir, “una persona sin capacidad jurídica no puede poner una denuncia ni salir de la situación en la que vive”.

 

“Esas son las mujeres verdaderamente vulnerables porque dependen organizacionalmente y vitalmente de decisiones judiciales, de terceras personas que deciden por ellas, lo cual es verdaderamente terrible”, ha indicado.

 

 

En este contexto, la comisionada de Genero del CERMI se ha referido a la aprobación por parte del Comité Ejecutivo del CERMI del II Plan Integral de Acción de Mujeres y Niñas con Discapacidad 2013-2016,  el cual involucra a las propias mujeres, lo que, para ella, “así es como se encuentra una respuesta adecuada a lo que necesitan”.

 

El Plan, ha dicho, identifica distintos ámbitos de intervención, que son los relativos a las propias mujeres y niñas con discapacidad y a las mujeres cuidadoras de familia con discapacidad.; a las administraciones públicas, planteando medidas necesarias para poder asumir y superar y afrontar el reto de la erradicación de la violencia contra estas mujeres; al ámbito social y al Tercer Sector.

 

Por último, ha reclamado que las propias organizaciones de mujeres que tienen programas de atención a la violencia de género incluyan a las mujeres y niñas con discapacidad, quienes “tenemos que participar en todos los procesos”.

 

En esta línea, se ha referido al artículo 16 de la Convención de la ONU, que estable la erradicación del abuso, explotación sexual y violencia que sufren las mujeres con discapacidad, y ha hecho una mención especial a la situación de las mujeres mayores y menores.