La Plataforma Denaria es una nueva asociación que, en palabras de su presidente, Javier Rupérez, nace con el objetivo de “defender el efectivo como un bien social y público, preservar la libertad de elección de los consumidores y garantizar el pago en metálico como infraestructura crítica en la sociedad y herramienta de inclusión financiera”.

 

En concreto, tal y como refleja el estudio, el 90% de los encuestados defiende la permanencia del efectivo como método de pago, más del 70% de la población considera que el efectivo es necesario en nuestra sociedad y un 77%, además, lo califica de ‘bien público’.

 

Además, para el 68% de la población española, es importante disponer de efectivo en su día a día, una relevancia que aumenta entre los segmentos de población más mayor -más de un 79% de los mayores de 65 años- y en las zonas menos pobladas -un 74% de los ciudadanos de localidades de menos de 10.000 habitantes-.

 

Por otra parte, para el 58% de los españoles existen cada vez más barreras para acceder al efectivo, mientras que para el 76% su uso se ha restringido en el último año. Es más, hasta 2,5 millones de personas se han encontrado con dificultades para pagar en efectivo en este tiempo (un 7% de la población española).

 

Javier Millán Astray, director general de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), ha afirmado al respecto que “el sector del comercio no apuesta por ningún medio de pago concreto, pero defiende la plena libertad de los ciudadanos para utilizar el medio de pago que mejor se adapte a sus necesidades.

 

Por ello, el comercio ha trasladado su firme oposición a las restricciones al efectivo recientemente aprobadas en España, ya que representa un obstáculo al crecimiento del consumo toda vez que resulta ser un medio de pago utilizado mayoritariamente por los ciudadanos”.

 

Asimismo, durante la presentación de los resultados, se ha puesto de manifiesto que las personas con discapacidad y sus familias son uno de los grupos de población potencialmente más castigados si se limitaran o se redujesen sustancialmente los pagos en efectivo.

 

“El efectivo debe ser blindado legalmente, dejado siempre en la persona el poder de decisión de usar el medio de pago que libremente elija, en función de sus preferencias y circunstancias. La unidimensionalidad forzada en los medios de pago en favor de las transacciones electrónicas aumentaría exponencialmente la vulnerabilidad no solo financiera, sino también social de las personas con discapacidad”, ha afirmado Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI.