La norma reglamentaria dispone que se establecerán unas pruebas psicofísicas específicas para personas con discapacidad, evitando así que se les aplicaran, como ocurría hasta ahora, los mismos requerimientos médicos que a los pilotos de aeronaves tradicionales, lo que impedía en la práctica que las personas con discapacidad pudieran acceder al pilotaje de drones, tanto como actividad recreativa como desarrollo profesional.

 

El Gobierno atiende así una demanda del CERMI, que planteó a Fomento, a través de la dirección general de Aviación Civil, la necesidad de flexibilizar los requisitos médicos exigidos en la normativa española respecto de las aeronaves civiles pilotadas por control remoto.

 

Para el CERMI y la industria naciente alrededor de los drones, este subsector puede a corto y medio plazo constituir un yacimiento relevante de empleo para personas con discapacidad, siempre que se atenuasen las restricciones que regían hasta ahora respecto de las personas con discapacidad en los aspectos médicos, todo ello sin relajación de la seguridad aeronáutica.

 

La aplicación al pilotaje de drones de las mismas o similares exigencias médicas que se requieren a los pilotos de aeronaves comerciales, en cuanto a condiciones de aptitud piscofísica, estaba imposibilitando que muchas personas con discapacidad pudieran acceder al título de piloto de estas aeronaves, produciéndose por tanto una pérdida de posibilidades laborales en este creciente sector de actividad económica.

 

La petición que CERMI dirigió a Fomento y ahora recogida en la norma reglamentaria pretendía que para el pilotaje de drones no se aplicasen los mismos requisitos médicos que para el resto de aeronaves, sino que se estableciera una regulación médica específica, ad hoc, dado que son realidades objetivamente distintas, que permitieran que las personas con discapacidad pudieran acceder a este desempeño profesional, ampliando sus oportunidades de empleo de modo notable, sin las restricciones casi totales con las que se enfrentaban hasta este momento.   

 

En el real decreto por el que se regula la utilización civil de las aeronaves pilotadas por control remoto que publica hoy el BOE, en cuya elaboración el CERMI ha sido consultado, se prevé que las personas con discapacidad deberán ser titulares de un certificado médico nacional emitido conforme a los requisitos que se establezcan por orden del Ministro de Fomento, en cuya tramitación se consultará al Consejo Nacional de la Discapacidad.