Como informa el CERMI, “en nuestra agenda de derechos humanos y discapacidad, y tras la extensión del derecho al voto a todas las personas con discapacidad sin excepciones y la erradicación de la esterilización forzosa, nuestro movimiento trabajará intensamente por la derogación de los internamiento forzosos como gran cuestión no resuelta”.

 

A través del artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), la legislación procesal civil de nuestro país permite, con intervención judicial, este tipo de internamiento, lo que vulnera claramente los mandatos en cuanto a la protección de la libertad personal establecidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas.

 

Concretamente, la Convención establece en su artículo 14 que los Estados asegurarán que las personas con discapacidad ‘no se vean privadas de su libertad ilegal o arbitrariamente y que cualquier privación de libertad sea de conformidad con la ley, y que la existencia de una discapacidad no justifique en ningún caso una privación de la libertad’.

 

En consecuencia, como concluye el Comité, “la permanencia en el ordenamiento jurídico español de los internamientos forzosos ‘por razón de trastorno psíquico’, como reza la LEC, colisiona con la exigencia del tratado internacional de la discapacidad de que en ningún supuesto la existencia de una discapacidad puede justificar una privación de la libertad”.

 

Fuente: Somos pacientes