La iniciativa plantea una reforma de la Ley de Carreteras para ampliar a las personas con movilidad reducida la exención de los peajes de los que ya se benefician otros colectivos como Fuerzas Armadas o servicios de emergencia.

 

La senadora de Unidos Podemos Miren Edurne Gorrotxategui afirmó que la proposición de ley atiende “una demanda histórica de los colectivos de las personas con movilidad reducida y con discapacidad”.

 

Compromís presentó también una proposición de ley en el mismo sentido, pero con el matiz de que, además del certificado de discapacidad requerido para el peaje que prevé el articulado de Unidos Podemos, también puedan liberarse del pago de peaje los titulares de tarjeta de estacionamiento autorizado con conceden los ayuntamientos, algo que suscitó reservas en grupos como el PP. En último término, la redacción definitiva de la ley quedará a expensas del debate de la proposición de Unidos Podemos, que fue la que prosperó para tramitación.

 

 

Los portavoces de todos los grupos coincidieron en señalar que esta exención es una reivindicación que se remonta mucho tiempo atrás de organizaciones como el CERMI.

 

“Son personas que tienen una mayor dependencia del vehículo privado, porque es una realidad que no hemos conseguido como país que el transporte público sea universalmente accesible”, mantuvo el senador Antonio Ignacio Romero, que calificó la medida de “factible, razonable y elogiosa”.

 

Desde las filas del PSOE, Nemesio de Lara manifestó que la reforma legal contribuirá al esfuerzo que hay que hacer por la “plena inclusión social de las personas con discapacidad”, y ya existe en países como Alemania y Austria.

 

Para Marta Pascal, del PDeCat, acabar con el “sobrecoste” que pagan las personas con movilidad reducida por desplazarse es algo de “sentido común” y “hay que hacerlo rápido porque los argumentos sobran”. Por el PNV, Nerea Ahedo pidió que en la regulación se tengan en cuenta las competencias autónomicas en materia de peajes.

 

El CERMI considera que “esta medida se inscribiría dentro de las políticas de acción positiva a las que están obligados los poderes públicos para favorecer la plena inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad”.

 

“La ausencia de accesibilidad de los sistemas de transporte público lleva a las personas con discapacidad a hacer un uso más intensivo del vehículo privado, con el desembolso añadido que eso supone. Este sobrecoste debe verse compensado con medidas como la exención de peaje de las autopistas, que son concesiones del Estado”, argumenta el CERMI.