Opinión

Alerta ante el desmantelamiento calculado del Estado de Bienestar

Laura Seara, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados

05/02/2013

Afrontamos este año 2013 con inmensa preocupación y muchas incertezas. La situación económica y social, acompañada de una crisis institucional sin precedentes en nuestro país, hace que los pilares básicos de las políticas que deberían ser consideradas de Estado se tambaleen.

No pretendo ser pesimista, pero creo que las dosis de realismo se hacen imprescindibles a la hora de analizar la política social y de derechos, particularmente las políticas de discapacidad.

Unas políticas de las que dependen directamente la calidad de vida de 4 millones de personas más sus familias y que en este momento están en situación de alerta. Ciudadanos y ciudadanas que son sujetos  titulares de derechos y no meros objetos de tratamiento y protección social. A las consecuencias de la brutal crisis económica se han sumado decisiones políticas que, además de un error, han sido tremendamente injustas. 

"Estamos ante un desmantelamiento calculado del Estado de Bienestar tal y como lo hemos entendido hasta la fecha" 

Es imposible, por mucho que nos lo repitan, hacer más con menos. Nunca menos fue más. Y a la vista de los presupuestos del 2013, en los que incluso el Plan de Discapacidad aparece sin dotación alguna, podemos afirmar que estamos ante un desmantelamiento calculado del Estado de Bienestar tal y como lo hemos entendido hasta la fecha.

Una de las grandes preocupaciones de las asociaciones es el empleo. No es para menos. Hay en España más de 600.000 personas con discapacidad en edad laboral que están inactivas y el Gobierno debería tener muy presente que el empleo es el cauce fundamental para alcanzar la plena integración en todos los ámbitos, además de ser decisivo para la dignidad, la autonomía individual, la independencia, la participación y la igualdad.

"Las administraciones deberían intensificar sus esfuerzos para avanzar tanto en la protección de derechos como en la mejora de la calidad de vida de tanta ciudadanía"

En los últimos años, el empleo de las personas con discapacidad aumentó un 10%. Claro que el momento era distinto, pero no es menos cierto que medidas como la mejora de las bonificaciones a la contratación y la aprobación de la Estrategia Global de Acción para el Empleo de Personas con Discapacidad resultaron incentivos innegables. Como hoy todo ha cambiado, y como el plató de las vidas de (casi) todos nosotros y nosotras es cada vez más duro y está muy frío, lejos de recortar en este ámbito, las administraciones deberían intensificar sus esfuerzos para avanzar tanto en la protección de derechos como en la mejora de la calidad de vida de tanta ciudadanía. Y me refiero a ciudadanía en su concepto más amplio. 

Un país como el nuestro no puede permitirse la torpeza de prescindir del talento, la experiencia y la energía de las personas con discapacidad. Ahí está una de las claves. Esa, y tener el profundo convencimiento de no dejar morir las conquistas de estos últimos años. Que no son de nadie y son de todos y todas, especialmente de colectivos como el CERMI.