Entrevista
Alicia Homs, europarlamentaria del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamentos Europeo
“La perspectiva de género es fundamental para saldar una deuda con las mujeres y niñas con discapacidad”
02/09/2022
Blanca Abella
La Conferencia sobre el futuro de Europa sirvió para confirmar que los ciudadanos demandan un modelo de crecimiento más sostenible y resiliente, donde se refuerce la dimensión social, y la transición verde y digital sean exitosas. Así lo ha entendido la europarlamentaria Alicia Homs, que además reconoce que “no podría concebir mi trabajo en el Parlamento Europeo sin la existencia de una alianza sólida entre sociedad civil y administración”. Aplaude las propuestas del CERMI para la presidencia española del segundo semestre de 2023, entre otras cosas, por la incorporación en las mismas de la perspectiva de género y anuncia el objetivo de celebrar una Cumbre Social que podría convertirse en una cita periódica cada dos años.
¿Cuáles serán las prioridades de la presidencia española de la UE, en 2023, relacionadas con la política social?
La solidaridad, la justicia social y la prosperidad son los pilares para construir una sociedad igualitaria y resiliente. La principal reclamación de los y las socialistas españoles y de la socialdemocracia europea siempre ha sido la necesidad de que Europa apueste por un modelo de desarrollo económico que ponga a las personas en el centro y que reduzca las desigualdades.
La pandemia de COVID-19 ha demostrado la importancia del modelo social europeo para proteger a las personas en situaciones críticas y la Cumbre Social de Oporto de mayo de 2021 no ha hecho más que consolidar esta percepción.
El Gobierno socialista español ha contribuido de forma muy activa en todos estos avances y lo seguirá haciendo durante la Presidencia española del segundo semestre del año 2023. Uno de sus objetivos es el de celebrar una Cumbre Social, en la que se planteará la institucionalización periódica de las cumbres sociales para que se celebre cada dos años. También trabajará en medidas clave en el ámbito social y del empleo en el contexto de las transiciones verde y digital, como la mejora los derechos laborales en las plataformas digitales; la apuesta firme por el modelo de la economía social; una mayor flexibilidad del Pacto de Estabilidad y el semestre europeo para que los Estados miembros puedan hacer frente a los problemas sociales; la promoción de un mecanismo de reaseguro europeo de desempleo o la integración del Pilar europeo de derechos sociales en los tratados con el objetivo de que tenga un carácter vinculante.
¿Y en concreto con el sector de la discapacidad?
El Gobierno socialista español está plenamente comprometido con los derechos de las personas con discapacidad. En este sentido, nuestras prioridades seguirán la estela tanto de lo recogido en la Estrategia 2021-2030 de la UE sobre los derechos de las personas con discapacidad, incluyendo la creación de una tarjeta europea de discapacidad, como en lo recogido en las futuras orientaciones publicadas por la Comisión Europea en los próximos meses, relativas a la participación de las personas con discapacidad en los procesos electorales y a la vida independiente y la inclusión en la comunidad de este colectivo.
¿Conocen las demandas del CERMI para este semestre? ¿Qué opina de ellas?
Como miembro de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y miembro del Intergrupo de Discapacidad en el Parlamento Europeo intento seguir de cerca todas las iniciativas llevadas a cabo por las distintas entidades y la sociedad civil de cara a la mejora de los derechos de las personas con discapacidad.
He tenido la oportunidad de analizar las diferentes líneas de actuación propuestas en el Plan de Actuación 2022 del CERMI, que presenta un conjunto de medidas sólidas que persiguen un objetivo que muchos compartimos: ampliar derechos en ámbitos clave como el acceso a servicios públicos, la vivienda, la educación, la salud o la cultura. Ello incorporando la perspectiva de género, algo que desde mi punto de vista es fundamental para saldar una deuda con las mujeres y niñas con discapacidad.
¿Cuáles de esas reivindicaciones considera prioritarias y cree que será posible alcanzar?
2022 es el Año Europeo de la Juventud, por ello creo que debemos aprovechar el marco que nos brinda para poner encima de la mesa todas las demandas que tienen los y las jóvenes con discapacidad, que, en definitiva, no difieren en tanto a las de otras personas jóvenes: empleos de calidad, salarios dignos, prohibición de las prácticas no remuneradas, acceso a una vivienda digna y asequible o poner el foco sobre la salud mental.
Para ello, contar con los jóvenes en primera persona y en especial con las personas y las mujeres con discapacidad es clave si verdaderamente queremos lograr una inclusión real en Europa.
De cara a este semestre, ¿qué aportaciones más significativas ha supuesto la celebración de la Conferencia sobre el Futuro de Europa?
La Conferencia sobre el Futuro de Europa ha permitido que todos los ciudadanos y ciudadanas de Europa puedan opinar directamente sobre su futuro. Las conclusiones fueron claras: los ciudadanos quieren un cambio hacia un modelo de crecimiento que sea más sostenible y resiliente, en el cual logremos que las transiciones verde y digital sean exitosas al tiempo que reforzamos la dimensión social.
Nuestra tarea ahora es hacer realidad las propuestas de los ciudadanos y las ciudadanas. Entre ellas hay algunas importantes que atañen directamente a las personas con discapacidad, como garantizar el derecho de voto efectivo de este colectivo, fomentar el empleo de calidad entre los y las más vulnerables o asegurar que las herramientas digitales en la UE sean accesibles y manejables por todas y todos.
La sociedad civil cumple un papel destacado en nuestro país, sobre todo en cuestiones de discapacidad, gracias a la labor de incidencia del CERMI, principalmente. ¿Cómo valora esa tarea de incidencia y la importante labor propositiva, de colaboración con las administraciones?
España está a la vanguardia de Europa en términos de política social. Esto es así gracias a la voluntad política, pero también gracias a la colaboración con el tercer sector, con el
Foro Europeo de la Discapacidad, con el
Grupo Social ONCE o con el CERMI.
La labor del CERMI es fundamental al ser quienes están sobre el terreno y conocen de primera mano no solo las demandas y prioridades del colectivo, sino la mejor forma de integrarlas en la legislación e informes que desarrollamos desde las diferentes instituciones. Personalmente, no podría concebir mi trabajo en el Parlamento Europeo sin la existencia de una alianza sólida entre sociedad civil y administración.
Entidades como el CERMI, y el EDF en la UE, ¿son necesarias para colaborar en la gran empresa que supone la presidencia de la UE durante un semestre en 2023?
Sin duda. Como ya he mencionado, la Presidencia española del segundo semestre del año 2023 debe servir para seguir reforzando y consolidando la Europa social, haciendo balance de lo conseguido hasta ahora y proponiendo medidas de calado. Es precisamente aquí cuando la labor del CERMI, la de trasladar ante los poderes públicos propuestas constructivas, articuladas y contrastadas técnicamente, se convierte en fundamental para garantizar los derechos y la inclusión, así como la mejora de las condiciones de vida y ciudadanía de las personas con discapacidad y de sus familias.