Entrevista

Antonio de la Iglesia, presidente de la Confederación Autismo España

"Muchas asociaciones se están planteando el concurso de acreedores”

07/11/2011

Mario García

Las elecciones generales del próximo 20 de noviembre despejarán varias incógnitas en España. Para Antonio de la Iglesia, presidente de la Confederación Autismo España desde junio de 2007, el Gobierno que salga de las urnas deberá ser valiente y transparente para evitar que asociaciones que trabajan con personas con trastorno del espectro autista (TEA) echen el cierre y desliza en esta entrevista varias demandas que deben ser abordadas sin demora.

Estamos en época electoral. Después del 20 de noviembre habrá un nuevo Gobierno. ¿Qué espera de él?
Sea del signo que sea, pido al Gobierno que tenga valentía y transparencia, dos cosas fundamentales que nos hacen falta en estos momentos. Valentía y transparencia para decirnos  desde el principio qué va a hacer y cómo lo va a hacer, para que todos podamos estar preparados. No hay peor cosa que la falta de información, sobre todo en nuestro sector, que tiene una capacidad de reacción mucho más lenta que una empresa privada. En nuestras asociaciones, que son de atención directa, entre el 70 y el 75% del presupuesto va a sueldos y cargas sociales. Entonces, si tiene que haber cambios, que estén previstos en el tiempo y con tiempo suficiente para poderlos abordar. Lo ideal sería que no los hubiera, pero somos conscientes de que puede haber problemas; de hecho, los está habiendo.

Ha realizado una alusión tácita a la crisis económica actual. ¿Cómo está afectando a las asociaciones que trabajan para las personas con autismo?
Ahora mismo la notamos en tres vertientes: hay servicios que se estaban dando y que se están dejando de dar, hay retrasos en el pago de los contratos y conciertos con las asociaciones por las plazas que tenemos concertadas y, por otra parte, estamos notando que están aumentando las prestaciones económicas por la Ley de Dependencia en contra de las plazas concertadas por las asociaciones, lo que quiere decir que esa prestación económica no se está utilizando para dar un servicio a la persona afectada con TEA, sino que se está utilizando como una subvención a la familia, y eso es muy grave. Si se derivan importes para necesidades familiares, estás pervirtiendo el objetivo de la Ley de Dependencia, que es que esa persona mejore y puedan ser efectivos sus derechos a través de los servicios que les presta la Administración por ley.

Servicios que antes daban las administraciones con una periodicidad muy alta, como respiros familiares, etcétera, se han ralentizado muchísimo y han bajado

El CERMI afirma que las Administraciones territoriales deben más de 200 millones de euros al sector de la discapacidad. ¿Ante esta situación cabe hacer algo?
En el CERMI hay un comité de crisis y en los CEMIS autonómicos también se han constituido. Las federaciones que componen la Confederación Autismo en cada autonomía están tratando de llegar a calendarios de pago con las administraciones autonómicas porque para una asociación como la mía de La Coruña, que tiene 10 centros en toda la provincia y 160 trabajadores, el hecho de estar casi cuatro meses sin cobrar supone dejar de pagar a nuestros trabajadores, que, además, son los que atienden a nuestros hijos. Eso es inaceptable. Yo no sé qué previsiones tienen, pero volvemos a lo mismo: yo sí tengo previsiones de pago. Hasta ahora, los pagos estaban entre los 30 y los 60 días y estábamos con esa dinámica, teníamos un colchón. Hoy en día ese colchón financiero es prácticamente imposible y los bancos están al revés, recortando. Ése es otro de los problemas que tenemos, el financiero. Con lo cual, lo que necesitamos, sobre todo, es contar con esas previsiones por si tenemos que llegar a algún tipo de solución drástica.

¿De qué solución drástica está hablando?
En muchas asociaciones habrá que plantearse el concurso de acreedores. No queda más remedio. Lo manda la ley. Dos meses antes de que tengas previsto que puedes tener fallidos tus pagos tienes obligación de presentar concurso de acreedores. No nos olvidemos que somos asociaciones privadas.

¿Conoce algún caso?
En nuestro colectivo todavía no, pero se están empezando a plantear ya porque hay autonomías que llevan cuatro o cinco meses sin realizar los pagos.

¿Se ha cuantificado cómo han afectado los recortes presupuestarios y las medidas de austeridad que han puesto los distintos gobiernos, tanto autonómicos como el central?
Todavía no. La información depende muchísimo de cómo se aborde. En general, nuestras asociaciones son privadas y tienen concertadas plazas con la Administración. Los contratos no son recortables en el sentido de que si has contratado determinada plaza al precio concertado por la Administración, de ahí no se puede mover ese contrato. Lo que sí estamos viendo es que servicios que antes daban las administraciones con una periodicidad muy alta, como respiros familiares, etcétera, se han ralentizado muchísimo y han bajado.

¿Qué comunidades autónomas son las que tratan mejor a las personas con trastorno autista?
No se puede decir quiénes tratan mejor. Todo se reduce a un problema financiero, a cuánto paga la plaza cada administración autonómica. ¿Por qué razón? Porque, en general, los servicios los prestamos las asociaciones privadas que concertamos las plazas. Lo que sí hay son enormes diferencias entre las autonomías; hay autonomías que el concierto de la plaza lo tienen a un precio y otras que lo tienen prácticamente a la mitad. No se trata de si tratan mejor, sino de que haya una homogeneidad en el concierto de las plazas para que, con las mismas prestaciones, haya homogeneidad en todo el territorio nacional. No tiene sentido que una asociación en Galicia tenga una plaza a mitad de precio que en Madrid, Barcelona o Andalucía.

Al hilo de esto, ustedes planteaban tras las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo de que haya una cierta equidad en la financiación de los servicios que se prestan a las personas con autismo. ¿Los gobiernos autonómicos os han escuchado?
No. Creo que tiene que ser una iniciativa que parta del Gobierno central, que es su responsabilidad. Legislar ha legislado, pero se ha olvidado de poner unos mínimos, que todos tendrían que adoptar en función de los servicios que se exigen. Además, los catálogos de servicios de las comunidades son bastante similares. Por otra parte, hay una verborrea legislativa por parte de todas las comunidades autónomas en busca de la excelencia. Es muy fácil decir que cada residencia tiene que contar con su logopeda, su psicólogo, su cuidador…, pero ¿quién lo va a pagar? Porque si usted me exige más, tendrá que subirme el concierto de la plaza; no me puede exigir más en prestaciones y en personal y dejármelo al mismo precio. Desde luego, todos buscamos la excelencia, pero en estos momentos la carga importante está cayendo sobre las familias por una razón sencilla: antes había financiaciones alternativas que buscábamos las asociaciones con las empresas patrocinadoras, obras sociales de las cajas de ahorros…, pero se ha ido al garete.

Hay una verborrea legislativa por parte de todas las comunidades autónomas en busca de la excelencia. Es muy fácil decir que cada residencia tiene que contar con su logopeda, su psicólogo, su cuidador…, pero ¿quién lo va a pagar?

¿El Consejo Interterritorial de Salud ha estudiado la propuesta de plan estratégico para las personas con autismo?
No. Lo hemos presentado hace ya año y medio. Todo son buenas palabras, pero no hemos vuelto a tener noticias de que se haya presentado en el Consejo Interterritorial ni de que se vaya a hacer.

¿Considera que el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad os atiende como es debido?
No creo que sea su función atendernos. Su función es ser consciente de las necesidades de las personas. La Administración tiene la obligación de ser responsable de lo que hace. Nuestro Gobierno ha creado una ley y tiene que ser responsable de que esa ley se cumpla. El grave problema de la Ley de Dependencia es que está pensada en un principio para las personas mayores y luego se ha incluido la discapacidad como un accesorio. Eso ha creado unas tensiones muy importantes dentro de la propia ley. El Ministerio no es que nos trate bien o mal; es que no nos trata, y ése es el problema.

¿Cuántas personas hay en España con trastorno del espectro autista?
Calculamos que del entorno de las 200.000, unos 5 millones en el mundo. Lo que pasa es que desgraciadamente está subiendo mucho porque hasta hace poco se hablaba de un caso cada 250 o 300. Hoy en día se está dando un caso cada 150 más o menos. Es una prevalencia altísima y nos está desbordando. Los servicios de valoración de las asociaciones tienen listas de espera de casi un año. Realmente, nos estamos viendo desbordados.

¿Cuál es el escenario que prevé de aquí a los cinco próximos años?
Espero que se mantengan los servicios que tenemos actualmente. Es verdad  que opciones de nuevas inversiones no hay en ninguna comunidad desde hace ya un año, con lo cual estamos preocupados porque la gran incidencia del trastorno, combinado con que no se están abriendo nuevas opciones para la atención, va a crear una tensión importante, sobre todo en los centros públicos, que es ahora mismo donde nos dirigimos. Tenemos que reordenar un poco nuestro pensamiento y es muy complicado.

¿Cuáles son las reivindicaciones actuales del sector asociativo que trabaja en favor de las personas con autismo?
Una de las principales es que se reconozca la especificidad del trastorno con espectro autista, con sus necesidades y sus especiales características, porque sería el primer paso para poder abordar la problemática en profundidad. La discapacidad de la persona con trastorno autista va combinada con una discapacidad intelectual, unos trastornos en su capacidad de comunicación y socialización y, al mismo tiempo, en una gran mayoría lleva aparejado enfermedades de algún otro tipo, sobre todo epilepsia. Hay que combinar estas tres áreas, que en otras discapacidades no se dan.

Después, una ley de mínimos para todo el territorio nacional y que no haya esas grandes diferencias en las aportaciones de la Administración a las asociaciones para darles servicios.

También, que prevalezca la prestación de servicios sobre la prestación económica. El hecho de que se estén dando de baja personas en las residencias y centros de día para cobrar la prestación económica no me vale porque se están dejando de prestar servicios a la persona y se está creando una subsidiación que está pervirtiendo la ley.

Otra cosa es la creación del espacio socio-sanitario. La coordinación entre las administraciones de educación, sanidad y servicios sociales es fundamental.

Y hay una laguna importante en la ley con los niños entre cero y tres o cuatro años. Los primeros años de vida son fundamentales para una persona con TEA porque se puede incidir muchísimo sobre ella y se le puede mejorar mucho su calidad de vida futura. Es importante detectarlo pronto y empezar pronto con ella. Pero la detención precoz y la atención temprana están en un limbo que no se sabe si es sanidad, educación, servicios sociales… No se ha abordado esa problemática y ésa es otra de las cosas que nos preocupa mucho.