"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
CERMIS Autonómicos
La modificación de la Ley de Servicios Sociales de Asturias reconoce el trascendental papel de las entidades del Tercer Sector
La consejera, Graciela Blanco, asegura que la medida “es una solución para seguir trabajando con las entidades”
20/03/2015
La consejera de Bienestar Social y Vivienda, Graciela Blanco, ha mostrado su satisfacción tras la aprobación en la Junta General del Principado de la modificación de la Ley de Servicios Sociales, “que da amparo legal a la relación con las entidades del tercer sector. Es una solución para seguir trabajando y mantener esa estrecha colaboración con ellas, sobre todo en el ámbito de la discapacidad y la infancia”.
La reforma de la ley de Servicios Sociales se aprobó por unanimidad en el último Pleno de la Junta General. La nueva normativa, que afecta a un único artículo de la ley (el 44), permite a la Consejería de Bienestar dar prioridad en la contratación de servicios a las asociaciones frente a las empresas privadas, "en condiciones análogas de eficacia, calidad y rentabilidad social", en palabras de la consejera de Bienestar, Graciela Blanco.
Durante su intervención, la titular de Bienestar Social ha resaltado que esta modificación reconoce “el trascendental papel de las entidades de iniciativa social en la atención a las personas más vulnerables”. De ahí, que se incluya dotarlas de un estatuto propio que fortalezca las relaciones entre la administración pública y las citadas entidades, “reforzando su papel en la sociedad asturiana”, ha matizado.
Blanco se ha referido a la importancia que tiene para el Gobierno de Asturias que estas entidades puedan desempeñar un papel fundamental en la planificación y programación de los servicios sociales, “lo que significa ir mucho más allá de las relaciones que se establecen a través de un vínculo contractual; eso es lo que supone dotarlas de un estatuto propio”.
La consejera ha resaltado que la modificación dará más responsabilidad a las entidades, para que sigan gestionando los servicios que ofrecen y prestar una atención de calidad. Y ha señalado que el Gobierno asturiano ha volcado todos sus esfuerzos en esta modificación, aunque ha reconocido que es necesaria una nueva ley integral de servicios sociales que recoja aspectos nuevos como la dependencia y el salario social.´
Mónica Oviedo, presidenta del CERMI Asturias, presente en el debate con su junta directiva, habló de "gran día" por el avance que supone la reforma. "La pena es que no haya llegado meses antes para poder evitar los concursos de tutela de pisos y del transporte", dijo. Oviedo destacó especialmente la disposición transitoria que permite la prórroga de los servicios actuales de las asociaciones, "en una clara discriminación positiva", según informa 'La Nueva España'.
La oposición criticó, sobre todo, el retraso y la fórmula parlamentaria elegida, la de lectura única, sin debate. "Se ha hecho de forma atropellada en el último Pleno", afirmó Mercedes Fernández (PP). Esther Landa, de Foro, habló de una reforma "parche" y subrayó la falta de "consenso y diálogo" con las asociaciones que ha caracterizado a la Consejería de Bienestar en esta legislatura.
Noemí Martín dijo que respaldaba la reforma "con la nariz tapada" y sabiendo que se trata de un "parche". Habló de la responsabilidad política frente a los técnicos, criticó los informes jurídicos que "en el marco de la legalidad no buscan fórmulas legales" y defendió lo social como el tercer pilar del Estado del bienestar, junto a educación y sanidad.
Por su parte, Ignacio Prendes, de UPyD, atribuyó la reforma "no a la voluntad política del gobierno", sino a la "presión" del tercer sector. En su opinión, el trámite de lectura única es "una burla democrática".
Todos los grupos coincidieron en la necesidad de abordar en la próxima legislatura una nueva ley de Servicios Sociales, ya que la actual es de 2003.
