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viernes, 08 de noviembre de 2019cermi.es semanal Nº 366

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"3,8 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"

Actualidad

El CERMI, ante el 10-N: “Si no hay estabilidad política y parlamentaria, la agenda política de la discapacidad está paralizada y atorada”

El presidente del CERMI subraya la necesidad de retomar los trabajos iniciados para la reforma del artículo 49 de la Constitución

04/11/2019

El presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, aseguró este lunes que si desde la discapacidad organizada se pronuncian sobre la repetición de las elecciones “no es porque lo nuestro sean las tertulias y el análisis político al uso, sino porque si no hay estabilidad parlamentaria, si no hay Gobierno que tenga vocación de medio y largo plazo, nuestra agenda política está bloqueada y atorada”.

Imagen de la web de la radio autonómica de Castilla-La Mancha con el podcast  de la entrevista al presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez BuenoPérez Bueno hizo estas declaraciones en una entrevista en la emisora ‘CMM’, la radio autonómica de Castilla-La Mancha, en la que repasó las prioridades de las personas con discapacidad y sus familias que no se están pudiendo atender por el contexto político actual. Se puede acceder a la entrevista íntegra en este enlace: https://www.cmmedia.es/listas-de-reproduccion/informacion/podcasts/0_rbf5usna.
 
Entre estos asuntos, destacó la reforma del artículo 49 de la Constitución, con el fin de reforzar la protección de los derechos de las personas con discapacidad y de actualizar la terminología con la que la Carta Magna hace alusión a esta parte de la ciudadanía. En este punto, recordó que los trabajos ya se iniciaron en la pasada legislatura “con un apoyo casi unánime”, por lo que “sería la primera reforma social de la Constitución, y si la hacemos bien, podría apuntarse posteriormente a otra gran modificación, que sería la constitucionalización de los derechos sociales”.
 
Asimismo, el presidente del CERMI urgió a que en la próxima legislatura se retome el proyecto de modificación del Código Civil para pasar de un modelo de sustitución de la capacidad jurídica a otro basado en la provisión de apoyos en la toma de decisiones.
 
También denunció que se mantenga en el Código Penal la posibilidad de que se puedan practicar esterilizaciones forzosas por razón de discapacidad, algo que sufren sobre todo mujeres y niñas. “No es un asunto muy voluminoso cuantitativamente, pero es improcedente y ofende a una moral pública exigente, por lo que tiene que ser desterrado de nuestro ordenamiento jurídico cuanto antes”, ahondó.
 
Por otro lado, Pérez Bueno analizó la situación del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia que, según indicó, “dio esperanzas de que se abordarían en clave de derechos determinadas prestaciones y apoyos”. En cambio, lamentó que “se ha quedado un sentimiento de cierta estafa, porque se nos prometió muchísimo y apenas hemos encontrado nada”.
 
En este sentido, criticó las desigualdades territoriales y “la falta de liderazgo del Estado”, así como que existan unas 300.000 personas con derecho a apoyos o prestaciones reconocidas y no se les esté proporcionando, lo que “sería inasumible” con personas que no cobraran una pensión, “pero en cambio, sucede con la dependencia, y no pasa nada”.
Dibujo de una persona depositando su voto en una urna.
El responsable del CERMI abordó también cuestiones como la necesidad de garantizar el derecho a la educación inclusiva o la importancia de proporcionar los apoyos y servicios que las personas con discapacidad que residen en el entorno rural precisen. “Lo que le pasa de negativo a España le ocurre en términos corregidos y aumentados a las personas con discapacidad”, advirtió Pérez Bueno en relación a la situación de la denominada ‘España vaciada’.
 
“Tener una discapacidad y necesitar apoyos significa casi indefectiblemente tener que abandonar el entorno rural, el pueblo en el que se quiere vivir, porque si no, las personas con discapacidad se ven privadas de los servicios que precisan. La fuerza que se ejerce sobre ellas para que dejen el medio rural es todavía mayor que sobre otros grupos sociales”, apostilló el presidente del CERMI.
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