El contenido de la ILP está basado en la modificación de los artículos 14 y 33 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (LAPAD), y lo que se solicita es una revisión de los criterios con las siguientes exigencias: que una persona con una renta mensual inferior a 1.331 euros no copague ningún servicio, que nadie pague más del 60% del coste del servicio y que se tengan en cuenta tanto las cargas familiares como el momento de aparición de la situación de dependencia para el cálculo de la renta personal.

 

Alfonso Rodríguez, delegado del CERMI en Alicante, destacó la importancia de la ILP “cuando se aprobó la Ley Autonomía Personal y Atención a la Dependencia fue aprobada por todos los partidos políticos y esta Ley , en su origen, ya contemplaba el copago concretamente en los artículos que queremos modificar, artículos 14 y 33, debemos llevarla a cabo para evitar este copago confiscatorio”.

 

Por otra parte Javier Segura, miembro de la delegación de CERMI en Alicante, añade “Todo esto a nosotros, como colectivos sin ánimo de lucro, que hemos luchado y luchamos constantemente por los derechos de las personas de con discapacidad (algunas de las asociaciones que conforman el CERMI llevan en la batalla ya 36 años), que hemos promovido estas residencias y centros de día con el único fin de dar servicio al colectivo, para los cuales nos hemos jugado incluso nuestro patrimonio personal y nos los jugamos a la hora de gestionarlas firmando las nóminas y documentos varios, sin querer obtener nada a cambio, más que una sociedad más justa. Nos ha llevado a situaciones realmente agónicas, pues nosotros no tenemos recursos para mantenerlas y se trata de si se aplican los recortes y los copagos confiscatorios echar el cierre de las residencias y tirar a los usuarios a la calle”.

 

Por su parte, Antonio Victoria, abogado de FEAFES CV, informó que el CERMI CV ha puesto a disposición sus entidades los modelos de recurso de alzada, “el recurso deberá ser rellenado con la ayuda de una trabajadora social o un letrado, es bastante peligroso facilitarlos directamente a los usuarios puesto que esto mismo les podrá crear indefensión a la hora de ir al contencioso administrativo”. 

 

La iniciativa legislativa popular podrá firmarse a través de Internet, en la página https://www.mifirma.com/proposals/52, para lo cual es necesario disponer de la firma digital certificada por el órgano competente, y a través de los pliegos en papel que el CERMI CV ha puesto a disposición de las personas interesadas tanto en su sede (Gran Vía Ramón y Cajal, 13) como en las de sus federaciones miembro. Asimismo, existe una página web oficial que recoge toda la información sobre la ILP (http://ilp-noalcopagoconfiscatorio.blogspot.com.es).

 

 

La iniciativa legislativa popular contra el copago confiscatorio es la respuesta del movimiento social de la discapacidad a las políticas de las Administraciones sociales que en desarrollo de la ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia han creado una situación insostenible que hace recaer el esfuerzo económico de mantenimiento del sistema en las propias personas en situación de dependencia, algunas de las cuales se han visto obligadas a renunciar a recursos de atención como residencias u otro tipo de servicios por motivos económicos.

 

Esta iniciativa se enmarca en la línea de oposición a las políticas de recortes económicos y en derechos sociales hacia las personas con discapacidad iniciada en 2012 por el CERMI. Año en que en el ámbito de la atención a la dependencia, en la Comunitat se redujeron las prestaciones económicas para, un año más tarde, instaurar el copago en servicios sociales (Decreto 113/2013) que fue anulado por el Tribunal Superior de la Comunitat Valenciana (TSJCV) tras la interposición de un recurso por parte del CERMI CV. Ahora las organizaciones de la discapacidad han presentado, ante el PSOE, los fundamentos jurídicos materiales para el recurso de inconstitucionalidad a interponer frente al artículo 35 de la Ley  7/2014 con el fin de que este mismo emprenda acciones legales ante la Ley 7/2014, que modifica la Ley de Tasas de la Comunitat Valenciana para incluir una tasa por el copago en servicios de atención a la dependencia, además de interponer recurso contencioso administrativo contra la Orden 34/2014 de copago en discapacidad.