Es digno de mención que el Senado haya dado luz verde al texto remitido por el Congreso por unanimidad de todos los grupos y sin introducir enmiendas que modifiquen su contenido.

 

Así pues, esto se ha plasmado en que, a instancias del CERMI, los partidos políticos han corregido el artículo 8.5 de la Ley Orgánica del Jurado, que incluye los “Requisitos para ser jurado”. Mientras que a partir de ahora se dirá que “para ser jurado habrá que contar con la aptitud suficiente para el desempeño de la función del jurado”, este punto de la norma aprobada en 1995 establecía que para ser miembro de un tribunal popular “no había que estar afectado por discapacidad física o psíquica”.

 

Además, “las personas con discapacidad no podrán ser excluidas por esta circunstancia de la función de jurado, debiendo la Administración de Justicia proveer de los apoyos precisos y efectuar los ajustes razonables a los candidatos a jurado con situaciones de discapacidad para que puedan desempeñar con normalidad su cometido”.

 

De esta forma, el Estado español avanza en el cumplimiento de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En concreto, el artículo 13 de dicho tratado obliga a garantizar la igualdad en el acceso a la Justicia, y las restricciones existentes suponían una discriminación en el acceso a la Administración de Justicia.