"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
CERMIS Autonómicos
CERMI Andalucía y Feafes Andalucía Salud Mental coinciden en la necesidad de coordinar los servicios sociales y sanitarios para la recuperación de las personas con problemas de salud mental
20/02/2018
El objetivo de esta jornada de trabajo, que contaba con el patrocinio de Janssen, y que se pudo llevar a cabo gracias al convenio de colaboración que Feafes Andalucía Salud Mental mantiene con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (Faisem), también entidad miembro del CERMI Andalucía, fue analizar la aplicación del nuevo modelo de servicios sociales recogido en la Ley, con especial atención al colectivo de personas con problemas de salud mental, y la especial necesidad de coordinación entre los servicios sociales y sanitarios para garantizar la recuperación de estas personas.
Manuel Movilla, presidente de Feafes Andalucía, subrayó que “gran parte de las personas con problemas de salud mental han estado muchos años al margen del sistema de los servicios sociales, por estigma o por desconocimiento, pero que existen muchos instrumentos que pueden contribuir a su recuperación y a la mejora de su calidad de vida”. Es por ello, decía el presidente de Feafes Andalucía Salud Mental, que “debemos conocer dichos instrumentos, difundirlos y promover el acceso del colectivo a la protección social”, añadiendo que “hay que garantizar, en igualdad de oportunidades que el resto de la ciudadanía, el acceso a los derechos sociales a nuestro colectivo, ya que es el pilar en el que se asientan las opciones de inclusión y de recuperación plena”.
En su intervención, Sánchez Rubio destacó que, tras la puesta en marcha de la Ley de Servicios Sociales, “Andalucía reforzará la coordinación entre los servicios sociales y sanitarios de atención primaria y especializada, con especial atención al área de salud mental, para el diseño de paquetes de servicios integrados que den respuesta a las necesidades de atención social y sanitaria de la población de referencia”.
Asimismo, recordó que “esta norma reconoce una amplia relación de derechos, como el de la persona a decidir su propia intervención y a disponer de un profesional de referencia, así como a dejar constancia de su voluntad anticipada sobre la forma en que quiere ser tratada y los recursos que desea recibir en previsión de una incapacidad futura. Es una ley centrada en la ciudadanía, a la que empodera y facilita nuevos cauces de participación, garantizando el derecho subjetivo y universal de todas las personas a las prestaciones y servicios sociales,” resaltó.
Por otra parte, mencionó que es la primera vez que en nuestro país una ley reserva plazas para las ofertas de empleo público y las bolsas de trabajo temporal para personas con enfermedad mental (concretamente el 1%), así como en los cursos de formación para el empleo.
Conferencia inaugural
Purificación Gálvez destacó que la nueva Ley de Servicios Sociales “crea instrumentos como una historia social única y la tarjeta social que mejorarán la calidad de vida de la ciudadanía”. De la tarjeta social serán beneficiarias todas las personas titulares del derecho a los servicios sociales, en los términos definidos en la ley, siendo la historia social única una herramienta electrónica que integrará datos de las personas, de manera que los profesionales y los propios interesados cuenten con la información más precisa posible para una mejor atención integral”.
También detalló que contempla la elaboración de un Mapa de Servicios Sociales de Andalucía en el que se tendrán en cuenta criterios demográficos, geográficos, de organización, de comunicaciones y sociales. Un instrumento flexible y capaz de recoger el carácter dinámico de las necesidades sociales”.
Por otra parte, según explicó la secretaria general de Servicios Sociales, la normativa establece que, en igualdad de condiciones, las administraciones públicas priorizarán la colaboración con entidades de iniciativa social como fundaciones, asociaciones, organizaciones de voluntariado y entidades sin ánimo de lucro, entre otras. Según indicó, el texto de la norma prohíbe a la iniciativa privada y social la posibilidad de crear centros o servicios reservados o que desempeñen funciones reservadas exclusivamente a la iniciativa pública.
Por último, la ley prevé la creación de un Comité de Ética de los Servicios Sociales de Andalucía, así como la elaboración de un código ético.
La Renta Mínima de Inserción
Posteriormente, en la ponencia titulada el catálogo de Prestaciones y servicios previstos en el Catálogo de Servicios Sociales, con especial atención a la Renta Mínima de Inserción Social, la subdirectora general de Personas con Discapacidad de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, Soledad Jiménez, se detuvo precisamente en la Renta Mínima de Inserción Social, que entró en vigor el pasado mes de enero y que está regulada mediante un Decreto Ley; su finalidad es la de impulsar la integración social y laboral de las personas perceptoras, así como atender situaciones de exclusión y pobreza incorporando un itinerario a través de un Plan de inclusión sociolaboral.
La importancia del trabajo en red para la recuperación
Mientras, en la mesa redonda ‘El trabajo en red y la recuperación. La coordinación entre los servicios sociales y sanitarios’, quedó constatado que la coordinación entre los distintos departamentos de la administración, principalmente los servicios sociales y salud, y el trabajo en red (basado en un principio integral), así como el apoyo institucional, constituyen la clave para la recuperación de las personas con problemas de salud mental. En muchos casos son necesarias varias estrategias de intervención social, ya que ningún programa individualizado puede dar respuestas a las necesidades específicas de estas personas.
Por último, en la ponencia ‘Los servicios para las personas con enfermedad mental y dependencia’, la directora del Área de Dependencia de la Agencia Andaluza de Servicios Sociales y Dependencia, Marta Robert Díaz Trechuelo, aclaró las prestaciones a las que pueden acceder y tienen derecho las personas con problemas de salud mental a través de la Ley de Dependencia.
La valoración final que se pudo extraer de la jornada, y como bien hizo en señalar uno de los ponentes, es que “sin igualdad de oportunidades no existe justicia social”; una igualdad de oportunidades de la que todavía no gozan las personas con problemas de salud mental.
