Lo ha hecho a través de una carta firmada por Antonio Hermoso, presidente de CERMI Andalucía. En ella recuerda al máximo órgano colegiado de participación, consulta y asesoramiento en materia de ética asistencial y de la investigación biomédica en Andalucía, que “la vida de las personas con discapacidad o mayores no vale menos que la de las demás personas, y ha de ser tratada y atendida con arreglo a criterios de respeto, no discriminación y equidad, en todo momento. Lo otro, es selección social, y evoca los peores y más repugnantes momentos de la humanidad”.

 

En un momento de crisis sanitaria, en el que los recursos son escasos y los profesionales deben tomar decisiones con extrema rapidez, es indispensable que las autoridades velen por que, como dice la misiva, “el manejo de la pandemia se haga sin vulnerar los derechos de colectivos específicos”.

 

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un tratado ratificado por España y que por tanto forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, establece en su artículo 10 que “los Estados partes reafirman el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás”.

 

El artículo 14 de la Constitución proclama la igualdad de los españoles “sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

 

Por tanto, CERMI Andalucía considera ilegales y éticamente reprobables aquellos  protocolos y actuaciones médicas que supongan un menoscabo del derecho de las personas con discapacidad de acceder a los medios sanitarios disponibles por su condición. De esta forma, la plataforma ha conminado al Comité de Bioética de Andalucía a través de la carta “a unirse a esta petición, que es de justicia y equidad, mediante un pronunciamiento público”.