El presidente de CERMI Andalucía, Antonio Hermoso, recuerda que “la reserva de plazas para personas con discapacidad para el acceso al empleo público es sin duda una de las principales medidas adoptadas normativamente para favorecer el acceso de este colectivo al empleo público y esta medida de acción positiva no puede verse mermada por situaciones extraordinarias como las derivadas de la crisis del COVID-19 y, especialmente, cuando nuestro colectivo es de los más afectados por el desempleo”.

 

La iniciativa para la Activación, Impulso y Recuperación del Empleo (AIRE), puesta en marcha por el gobierno andaluz, regulada con carácter extraordinario y urgente, establece medidas en materia de empleo, ante la situación generada por el coronavirus, imponiendo obligaciones a las entidades beneficiarias de “realizar una reserva de cuota del 6% del total de las contrataciones de la iniciativa para personas con discapacidad. Esta reserva no será obligatoria cuando no se llegue a un mínimo de 10 contrataciones, sin perjuicio del cumplimiento de la reserva de cuota a la que quede obligada como administración pública por la normativa vigente que resulte de aplicación. Cuando el porcentaje sobre el total de contrataciones efectuadas arroje un resultado decimal igual o superior a 0,6, deberá redondearse al alza hasta el siguiente número entero.”

 

Sin embargo, CERMI Andalucía destaca que la legislación vigente a nivel estatal concreta un cupo no inferior al 7% de las vacantes, de las que al menos el 2% de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas lo sea para personas que tengan cualquier otro tipo de discapacidad. Además, la administración andaluza, mediante la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad mejoró esta cuota de reserva elevándola al 10% de las vacantes para ser cubiertas entre las personas con discapacidad, reservando dentro del mismo un 2% para personas con discapacidad intelectual y un 1% para personas con enfermedad mental que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33% y la compatibilidad con el desempeño de sus tareas.

 

Este marco legal respondía a la necesidad de adecuación de la normativa estatal y autonómica a los principios constitucionales y estatutarios que garantizan la igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad, así como a la normativa europea de obligada aplicación y a los tratados internacionales entre los que destaca la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

 

CERMI Andalucía y sus entidades miembros insisten en que las tasas de desempleo y de inactividad del sector de la discapacidad multiplican con diferencia las del resto de la población. Por ello, consideran que es deber de la administración andaluza realizar todos los esfuerzos posibles para lograr su pleno acceso al empleo y, por supuesto, cumplir estrictamente con la normativa vigente en la materia.

 

Asimismo, Antonio Hermoso critica que esta obligación de respetar la cuota reserva de puestos para personas con discapacidad ya haya sido incumplida recientemente por el Ejecutivo andaluz, en la convocatoria que se realizó de vigilantes para las playas andaluzas y que se articuló por el procedimiento de emergencia.

 

De este modo, CERMI Andalucía y sus entidades miembros exigen la subsanación inmediata de este incumplimiento o, en caso contrario, justifiquen adecuadamente las razones que impiden aplicar la norma.