CERMI Andalucía exige a la Junta abordar ya la necesaria mejora de la financiación de estos centros antes de que se cierre el nuevo presupuesto del próximo año para evitar así dejar fuera esta demanda urgente del mundo de la discapacidad en Andalucía.

 

Además, reclama que se cumpla el compromiso adquirido con las entidades de la discapacidad este verano por parte del presidente, Juanma Moreno, para negociar la mejora de los recursos para estos centros ante el grave déficit que arrastran desde hace una década. Hasta ahora solo se ha celebrado una reunión en septiembre con el consejero de Hacienda, Juan Bravo, y la titular de Igualdad, Rocío Ruiz, en la que se acordó abrir una comisión específica para abordar la situación de estos centros, sin que se haya fijado hasta el momento fecha alguna pese a la situación límite y asfixiante que sufren estos centros.

 

CERMI Andalucía rechaza la subida propuesta para este año por la Junta de Andalucía para el coste de las plazas de estos centros, con un incremento de tan solo el 2,6%, una subida que considera “inaceptable e insuficiente” para mantener su actividad y garantizar unos servicios esenciales para estas personas y que solo prestan estas entidades.

 

Con la propuesta de la Junta está en el aire el futuro de cerca de 600 de estos centros en Andalucía, que atienden a más de 12.500 personas con discapacidad y que benefician a más de 30.000 familias, con tratamientos, terapias y actividades que contribuyen a mejorar su bienestar. Asimismo, sostienen más de 1.400 empleos, en su mayoría profesionales formados y especialistas en el tratamiento de estas personas.

 

La presidenta de CERMI Andalucía, Marta Castillo, ha denunciado la “insostenible” situación que viven estos centros que están abocados al cierre si la Junta no mejora de manera inmediata su financiación, ya que los costes actuales que soportan para la cobertura real de sus necesidades están muy lejos de los recursos aportados por la Administración autonómica”.

 

Marta Castillo ha señalado además que “a todo esto se suma el año durísimo por la crisis de la pandemia, que ha supuesto un esfuerzo económico suplementario para las entidades para sufragar los gastos extraordinarios provocados por el Covid, junto a la subida de los suministros como la electricidad en los últimos meses o el incremento del salario de los profesionales por los convenios en los últimos años”.