En este sentido, el CERMI-Andalucía considera que es preciso proporcionar las medidas de acción positiva complementarias por razón de discapacidad para que la igualdad de trato y oportunidades sea una realidad para las personas refugiadas que presenten una discapacidad.

 

En situaciones de conflicto armado y emergencias humanitarias, las personas con discapacidad son excepcionalmente vulnerables a causa de las barreras físicas y comunicativas, así como por las actitudes negativas. Las personas con discapacidad se encuentran entre las más abandonadas durante la huida, los desplazamientos y el retorno a sus hogares, enfrentándose a muchos obstáculos para acceder a la asistencia y protección necesarias. Además, también puede aumentar su discapacidad durante el desplazamiento como consecuencia de los cambios en su entorno o por la falta de servicios y atención apropiados.

 

Las personas refugiadas y desplazadas con discapacidad son las más ocultas, excluidas y desatendidas, por lo que no suelen ser identificadas ni se tienen en cuenta en los procesos de registro o recogida de datos, y son excluidas o no pueden acceder a los principales programas de ayuda. Suelen estar más expuestas a riesgos de protección, incluida la violencia física y sexual, la explotación, el acoso y la discriminación. Además, la pérdida de familiares o cuidadores durante el desplazamiento puede comportar que las personas con discapacidad queden más aisladas y sean más vulnerables de lo que ya estaban en sus comunidades de origen.

 

Dado que algunas personas refugiadas y desplazadas han vivido desde siempre con alguna discapacidad, mientras otras la han adquirido durante el conflicto que les ha obligado a huir, CERMI-Andalucía pide que los recursos y servicios que se diseñen para los refugiados que sean acogidos en nuestro país tengan en cuenta y se adecuen a las necesidades de atención de las personas refugiadas con discapacidad y sus familias.

 

Asimismo, CERMI-Andalucía cree que las organizaciones del ámbito de la discapacidad deben participar como agente social cualificado en los procesos de toma de decisiones relativos a la gestión de las estrategias públicas de acogida de personas refugiadas, con objeto de poder aportar su conocimiento y experiencia, y cooperar constructivamente para que el enfoque inclusivo de la discapacidad quede asegurado.

 

En el contexto actual es importante reconocer que algunos grupos de población pueden necesitar atención específica y, por tanto, el conocimiento de estas necesidades es crucial tanto a corto como a largo plazo.