La jornada fue inaugurada por Secretario General de CERMI Aragón, José Antonio Bes Abizanda y por Mª Teresa Fernández, Directora de la Obra Social de Ibercaja. José Antonio Bes subrayó la importancia de dar a conocer este tipo de violencia y de tomar medidas por parte de las instituciones públicas, poniendo de manifiesto en jornadas como esta la convergencia de la violencia con las distintas características de cada discapacidad que pongan en marcha recursos para las mujeres y niñas y que “reflexionemos sobre esta situación que es una lacra para la sociedad”.

 

Para poner de manifiesto la invisibilidad del problema, Ana Peláez, como Comisionada de Género de CERMI estatal, hizo hincapié en el elevado número de víctimas femeninas con discapacidad y que las políticas que se están llevando a cabo para apoyar a las mujeres y niñas no son suficientes. Su intervención estuvo enmarcada desde la visión de la Legislación Internacional y de los Derechos Humanos en defensa de la integridad, remarcando que “somos mujeres y niñas, y después tenemos una discapacidad”.

 

Durante su intervención quiso recalcar que no es hasta la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, cuando realmente se defiende la no violencia sobre las mujeres y niñas con discapacidad. En el texto que salió de esta Convención se reconoció la mayor vulneración de las mujeres y niñas con discapacidad ante la violencia, destacando el artículo 6 en el que se garantizan los mismos derechos de las mujeres y niñas con discapacidad, su sujeción a múltiples formas de discriminación y reconociendo la vulneración de sus derechos, sobre todo en el ámbito del casamiento y de la adopción de hijos.

 

Según los datos que posee CERMI, estos derechos son más vulnerados en casos de separaciones o divorcios, utilizándose el hecho de la discapacidad en la mujer como un impedimento para la custodia de los hijos y, por lo tanto, un detrimento en sus derechos.

 

Debido a la cultura de la sobreprotección en muchos casos, uno de los ámbitos donde más se ejerce la violencia es en la propia familia, donde este hecho se ve más marcado en la maternidad de la mujer con discapacidad. Las personas con enfermedad intelectual, discapacidad psicosocial o la sordoceguera son las mujeres que más violencia sufren debido a la esterilización forzosa que realizan los padres o tutores cuando comienza la menstruación y, por lo tanto, negándoles su derecho como mujer a decidir en su propio futuro, señalaba Ana Peláez.

 

Según la Comisionada de Género de CERMI estatal, en nuestro país no existen datos fiables de violencia en mujeres con discapacidad, ya que no se realizan estudios específicos y porque “no se tienen en cuenta las discapacidades que derivan de las propias agresiones al no declarar su discapacidad” a los servicios competentes.

 

Ana Peláez quiso expresar las demandas que realizan desde el Comité como las iniciativas legislativas que ya se están poniendo en marcha en algunas CC.AA. donde se habla de la violencia a las mujeres con discapacidad, la formación de profesionales que puedan atender a estas personas específicamente, la inclusión de mujeres con discapacidad en los Observatorios de la violencia de género, acceso real a la justicia donde se de crédito a las declaraciones de mujeres que por su discapacidad no puedan realizar un discurso ordenado, una recopilación de datos y conseguir un compromiso político para erradicar la esterilización forzada.

 

 

Para dar un punto de vista clínico y social, se contó con la presencia de la psicóloga Mamen Abengochea que hablo de la violencia desde el aprendizaje, debido a que “la violencia es un fenómeno aprendido, ejecutado y del que también somos víctimas”. La violencia se ejerce desde las propias estructuras sociales de las niñas con discapacidad, desde los vínculos afectivos como la familia o los amigos, y los referidos a la pareja sentimental, siendo este último el más invisible

por la falta de testigos.

 

Entre las actitudes de la persona que agrede, Mamen Abengochea destacó la hostilidad, la intimidación, la imposición de conductas y la bondad aparente que suele mostrar el agresor ante los demás, entre otros.

 

La psicóloga es experta desde hace 20 años en violencia de género, y en los últimos años en tratamiento de mujeres y niñas con discapacidad que sufren violencia en todos sus ámbitos de desarrollo, por lo que ofreció una serie de rasgos que ayudan a detectar cuándo una persona con discapacidad es maltratada.

 

Algunas de estas actitudes coinciden con las mujeres sin discapacidad como la baja autoestima, la creencia de ser incapaces de salir de su situación o la responsabilización de lo que ocurre, pero que se ven más acentuadas por la discapacidad que tienen como los trastornos de estrés postraumático o de personalidad en mujeres con enfermedad mental, así como la dificultad de relacionarse y la carencia en el trato amoroso y tierno consigo misma.

 

 

Los síntomas que aparecen en estas mujeres varían o empeoran su estado en dependencia del tipo de discapacidad que tienen. Por ello, representantes de las distintas asociaciones de discapacidad pudieron dar de primera mano sus impresiones y las medidas tomadas para

ayudar a estas mujeres, tanto a nivel institucional y judicial como psicosocial.

 

La representante de la discapacidad auditiva quiso subrayar las barreras de comunicación que existen para las mujeres sordas, lo que se traduce en una falta de información sobre recursos y, por lo tanto, el no acceso a los mecanismos de denuncia de la violencia. Esto les ha llevado a la invisibilización de su situación ante la sociedad, limitando sus derechos participativos.

 

La representante de la discapacidad intelectual puso de manifiesto la falta de estudios sobre los casos de violencia contra mujeres con discapacidad. Solo en la discapacidad intelectual, un 20% de las mujeres han sufrido violencia debido a la falta de autonomía de estas mujeres, las cuales necesitan la ayuda de una tercera persona para realizar todo tipo de actividades. Las mujeres con esta discapacidad no difieren entre qué está bien o mal y quién puede hacerlo, por lo que no lo denuncian.

 

Desde la representación de la ONCE, se mostró la estrategia de la Fundación ONCE en violencia de género con los datos que tienen de sus propios estudios. Los objetivos de esta estrategia es ofertar información a las mujeres y niñas con discapacidad visual sobre sus derechos, la formación de profesionales de los servicios sociales de la ONCE, la realización de campañas de concienciación y ofrecer apoyo y orientación a estas mujeres.

 

Además, cuando la discapacidad es sobrevenida viviendo en una relación de pareja se pueden dar micromachismos e incluso la pérdida del trabajo, lo que incrementa esa dependencia. Como propuestas de la ONCE para mejorar esta situación de invisibilidad se proponen acciones como mayores recursos de apoyo a formatos accesibles (braille, tinta ampliada, sonoro y páginas web accesibles), formación de los profesionales acerca de la discapacidad visual (policías, abogados, personal sanitario, trabajadores sociales, etc.) y mayor coordinación entre ONCE y servicios especializados.

 

La representante de la discapacidad mental destacó que las mujeres con enfermedad mental sufren en mayor medida violencia psicológica por la familia, lo cual acentúa sus síntomas y los agrava hasta poder crearse crisis, provocando que las mujeres no vuelvan a su estado mental de partida. Estas mujeres con enfermedad mental se aíslan y además se ven doblemente estigmatizadas por la sociedad “por ser enfermas mentales y por ser agredidas por violencia de género”, lo que las deja desprovistas de una acción jurídica justa.

 

Para ello propone mucha formación e información a las mujeres, a los profesionales para que adquieran conocimiento en trato adecuado a mujeres con enfermedades mental y recursos adecuados.

 

Por último, la representante de la discapacidad física y orgánica incidió en el chantaje emocional del cuidador como un arma de violencia.

 

Puso de relevancia la falta de accesibilidad física a los recursos de mujeres, comisarias, casas de acogida, etc. Desde CERMI se piden que estos recursos sean accesibles universalmente por la verdadera necesidad que poseen para poder denunciar esa situación. “No queremos que cuando se haga una denuncia de violencia contra la mujer con discapacidad nos lleven a una residencia de personas con discapacidad, queremos que nos den los medios y recursos para que la mujer y niña sea atendida por ser víctima de violencia y no por la discapacidad, son necesidades diferentes”

 

Como conclusiones, el CERMI Aragón pide a la Administración Aragonesa que haya una real accesibilidad universal de los recursos de mujeres víctimas de violencia, que se recojan los datos específicos de mujeres con discapacidad en todos los estudios y datos que se manejan con motivo de la violencia, y mucha información y formación a profesionales y sociedad sobre la violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad.