Durante la reunión, se habló de las necesidades de las personas con discapacidad en el acceso al empleo ordinario, en centros especiales de empleo y lo importante que es para el colectivo el empleo como elemento socializador y de autonomía personal, especialmente en los colectivos con más dificultad de inclusión (personas con discapacidad intelectual, con enfermedad mental, parálisis cerebral con más del 33% y personas con discapacidad sensorial y física de más del 65%).

 

Además, se incidió en las necesidades de los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social, donde se persigue que las condiciones laborales de las personas con discapacidad sean dignas; y se solicitó la modificación del Decreto 46/2015, de 26 de marzo, del Gobierno de Aragón, por la que se establece el procedimiento para la concesión de subvenciones destinadas a la financiación del coste salarial para el mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en los centros especiales de empleo de Aragón y el cumplimiento de la reserva a Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social en la Contratación del Sector Publico, según la Ley 3/2011 1, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón.

 

Asimismo, se quiso remarcar la elaboración de cláusulas sociales, de Subvenciones y Contratos del Sector Público, para que no se concedan ayudas ni contratos a quienes no cumplan con la contratación de personas con discapacidad; además de establecer un control por parte de la Inspección de Trabajo del cumplimiento de la contratación en la empresa privada del 2% de personas con discapacidad en las empresas con más de 50 trabajadores.

 

Por último, se favorecerá la preparación de las personas con enfermedad mental para su posible incorporación al mercado laboral, desde los talleres ocupacionales de los centros de día hasta los centros especiales de empleo, o, en el mejor de los casos, el empleo normalizado, pasando por los centros de inserción laboral.