Esta medida era una reivindicación histórica de CERMI Asturias, y supondrá el mantenimiento del empleo de las personas con discapacidad que actualmente trabajan en los CEE del Principado. Además, facilitará que se contrate a más personas con discapacidad, gracias al incremento de su actividad.

 

Desde CERMI Asturias se espera que esta medida sea puesta en marcha lo antes posible ante las dificultades por las que están atravesando en estos momentos los CEE en la Comunidad Autónoma.

 

El resto de reivindicaciones que el CERMI Asturiano ha trasladado al Gobierno regional y a todos los grupos parlamentarios han sido objeto de debate en la ronda de encuentros que el Comité ha mantenido con los partidos durante las dos últimas semanas.

 

Entre los temas que se han abordado durante estos encuentros destaca como asunto urgente y preferente, la estabilidad y mejora de las situación económica de las entidades de la discapacidad, dada la difícil situación que están atravesando las mismas, debido al retraso en el pago de las cantidades adeudadas por parte de la Administración. En concreto, se corresponden a los años 2014 y 2015, por lo que las entidades no pueden afrontar el pago de salarios y seguros sociales de sus trabajadores, facturas, dietas, etc… estando muchas abocadas al cierre.

 

La necesidad de crear una Comisión Parlamentaria de Discapacidad, la incorporación del CERMI al Consejo Escolar del Principado de Asturias (Compromiso adquirido por la anterior consejera de Educación, Cultura y Deporte, Ana González), y la aprobación del Reglamento que desarrolla la Modificación Parcial de la Ley de Servicios Sociales del Principado de Asturias y el Catálogo de Prestaciones Sociales, han sido otros asuntos que se han puesto sobre la mesa durante las reuniones.

 

Del mismo modo, se ha tratado la aprobación de una nueva Ley de Servicios Sociales del Principado, que garantice la concertación directa de prestaciones y servicios de las entidades de iniciativa social; la elaboración a corto, medio y largo plazo de Planes de accesibilidad en materia de educación y sanidad, para evitar la discriminación que actualmente se está dando en materia de accesibilidad, y la aprobación de planes municipales de accesibilidad y creación de Comisiones de Seguimiento en los Ayuntamientos.

 

Además, se ha analizado la aprobación de una nueva Ley de Accesibilidad con sus Reglamentos en el ámbito arquitectónico, urbanístico, del transporte y la comunicación, y la creación de una Ley de Infracciones y Sanciones a nivel autonómico, que en estos momentos no existe, con objeto de sancionar el incumplimiento de la normativa de Accesibilidad en nuestra Comunidad Autónoma.

 

Por último, también se ha abordado la recuperación de las ayudas para la contratación de personas con discapacidad por parte de las empresas ordinarias, y la creación de Equipos Interprofesionales para la atención integral de las personas con discapacidad, así como la formación adecuada en discapacidad del personal sanitario de los centros hospitalarios.