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viernes, 20 de julio de 2012cermi.es semanal Nº 43

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"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"

CERMIS Autonómicos

El CERMI Asturias coincide con la necesidad de un consenso para una reforma de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia

13/07/2012

El CERMI Asturias, ante el anuncio por parte del Ejecutivo de reformar la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, manifiesta su apoyo al CERMI Estatal en la petición de un consenso en esta reforma y en su desarrollo “sin retrocesos” para que las personas con discapacidad y sus familias se vean afectadas lo menos posible.

Así, el CERMI Asturias comparte con el presidente del CERMI Estatal, Luis Cayo Pérez Bueno, sus declaraciones en rueda de prensa sobre esta ley. “Es un bien social y una conquista de todo el país, sobre todo, para las personas en situación de máxima vulnerabilidad como son las personas con discapacidad", indicó.

También coincide con el Comité Estatal en su argumento de que, tras cinco años de aplicación, el resultado ha sido “muy insatisfactorio” por la precariedad en su implementación, los retrasos en el pago de las cuantías, los “flagrantes incumplimientos”, los recortes a los que se ha visto sometida desde 2010 y, sobre todo, a la “desigualdad y agravios” en su aplicación por cuestión del territorio.

Desde el CERMI se sostiene que esta revisión se tiene que hacer con consenso político y social, tal y como se hizo en su aprobación, y ha exigido que si se aprueba por real decreto-ley, se tramite como proyecto de ley, para que, con tiempo, “todos las personas usuarias podamos ser escuchadas”. “La ley tiene que basarse en un Pacto de Estado”, ha puntualizado.

En este sentido, Pérez Bueno, durante su intervención en la rueda de prensa, criticó que estos años de implantación no se ha consultado apenas a los destinatarios y reclamó que se cuente con los usuarios de la ley porque “si no se podría llegar a producir una fractura social, difícil de recuperar”. Así, incidió en la idea en que cualquier reforma “apresurada” “puede dar al traste” con esta ley y, recalcó, que desde el CERMI “no lo vamos a consentir”.

Entre las reivindicaciones manifestadas por el CERMI, se ha subrayado la ampliación del catálogo de prestaciones, tendente a aumentar la autonomía personal de los destinatarios de la ley, hacer mayor hincapié en la prevención de la dependencia y la posibilidad de que esta ley entre en el sistema de Seguridad Social para evitar la desigualdad entre territorios.

En el marco de esta reforma, el CERMI Asturias destaca distintos aspectos negativos que comprende la reforma para el colectivo de las personas con discapacidad y mantiene su oposición. Entre ellos, resalta: la rebaja de un 15 % en la paga de los cuidadores familiares de personas en situación de dependencia (en Asturias 7.000 personas, aproximadamente, el 90% de ellas, mujeres) y la suspensión de cotización a la Seguridad Social, o la universalización del copago, que trae como consecuencia que tengan que  pagar los menores de edad.

También apunta otros aspectos como la incompatibilidad de servicios, el retraso hasta el año 2015 de la cobertura de las personas dependientes de grado I (dependencia leve); la revisión de todas las valoraciones efectuadas hasta la fecha (en Asturias hay 6.000 personas en espera de valoración y 15.000 personas que se están beneficiando actualmente de la ley), de acuerdo a las reformas de la ley, lo que traerá como consecuencia la paralización de nuevas valoraciones y la adjudicación de prestaciones o servicios a los ya valorados o a los que tengan que cambiar de recurso, y la fijación del mínimo exento en 1 vez el IPREM, pues debería fijarse en 2,5 IPREM, ya que de otra manera no será posible llevar una vida digna.

El Comité asturiano trasladará al equipo de Gobierno del Principado de Asturias sus demandas y manifestará su disconformidad con las posibles modificaciones que conllevará dicha ley.

En este sentido, el CERMI Asturias velará por "los derechos de las personas con discapacidad y sus familias ante cualquier Administración Pública para que éstos no se vean vulnerados por ninguna actuación de la mismas y no permitiremos retroceder en los derechos adquiridos conseguidos hasta la fecha  pues la crisis económica no puede ser la excusa de la perdida de los mismos", concluye.

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