Uno de los asuntos abordados fue la difícil situación económica de las entidades, ya que muchas asociaciones tienen dificultades para subsistir y por eso se demandó un incremento de la cuantía de las Subvenciones básicas para el mantenimiento de las entidades, así como una fórmula para la agilización de pagos, que permitiera que el movimiento asociativo de personas con discapacidad pueda trabajar con una mínima planificación y con unas condiciones de trabajo dignas.

 

En relación a las Subvenciones de interés general con cargo a la asignación tributaria del IRPF(0,7%), desde CERMI Asturias se recalcó la necesidad de la búsqueda de una fórmula para compensar a las entidades que representan a personas con discapacidad y que han visto reducidos sus ingresos en esta convocatoria, como se ha hecho en otras comunidades autónomas a través de fondos adicionales.

 

Además, desde el Comité se ha puesto de manifiesto su preocupación por el modo en el que va a afectar tanto la actualización del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) como la entrada en vigor del “XV Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad, que será publicado en las próximas semanas”.

 

Las entidades miembro de CERMI Asturias prestan servicios de carácter público, a través de plazas concertadas con el Gobierno del Principado de Asturias en los centros residenciales, centros ocupacionales y centros de día, por lo que el incremento del SMI a 900 euros y el aumento salarial pactado en el mencionado Convenio Colectivo son difícilmente asumibles por las entidades si no van acompañados del correspondiente aumento de la financiación pública.

 

Si no se produce una actualización del coste de los servicios que las asociaciones prestan por medio de plazas concertadas o subvenciones, muchas de ellas se verán abocadas al recorte de sus plantillas, a gestionar expedientes de regulación de empleos parciales o, incluso, al posible cierre de algunos recursos.

 

Otro de los asuntos abordados fue la necesidad de garantizar que todas las personas con discapacidad puedan votar, en favor del derecho de sufragio sin exclusiones, sin que sean cuestionadas sus condiciones por parte de determinados agentes electorales.

 

Se ha incidido también en el proceso de adaptación de la legislación autonómica a los principios, valores y mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España, que establece un enfoque claro de derechos humanos.

 

También se ha pedido aprobar la normativa pendiente en materia de discapacidad, así como la incorporación de cláusulas sociales en Asturias en los contratos con la Administración del Principado, para garantizar la inclusión de las personas con Discapacidad.

 

En este sentido, es esencial establecer prohibiciones de contratar con empresas que no cumplan la cuota legal de reserva de empleo para personas con discapacidad establecida legalmente o sus medidas alternativas, así como el sometimiento de las subvenciones que la comunidad autónoma asturiana entrega a entidades públicas o privadas para la realización de obras o proyectos de construcción e infraestructura al requisito previo de acreditación del cumplimiento de la legislación autonómica sobre accesibilidad y eliminación de barreras.

 

A estas reivindicaciones CERMI Asturias sumó el necesario desarrollo de la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, además de la urgente aprobación de un Catálogo Ortoprotésico autonómico.