CERMI Islas Baleares quiere expresar su condena más rotunda a todas aquellas prácticas ilegales. Alienta a los órganos competentes y a la Administración de Justicia a investigar los hechos ocurridos y a adoptar las medidas administrativas y penales necesarias contra aquellas entidades implicadas si se demuestra su culpabilidad.

 

Las acciones de unos pocos no pueden poner en duda la honradez del trabajo constante y digno de muchas organizaciones sin fines de lucro para defender la noble misión de mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad y lograr su plena integración a través de la inserción laboral y formación.

 

Las entidades que pertenecen al CERMI Islas Baleares gestionan de forma escrupulosa los fondos públicos destinados a programas dirigidos a mejorar las vidas de las personas con discapacidad, sometiendo su gestión a auditorías financieras externas y de calidad de servicio.

 

Conscientes de la responsabilidad que supone el manejo de fondos públicos destinados a la mejora de la calidad de vida de tantas personas, las entidades del CERMI Baleares quieren reforzar su compromiso con la sociedad de las Islas Baleares hacia una gestión rigurosa y transparente y en la defensa de los intereses de las personas con discapacidad. Esta y no otra, es su razón de ser.

 

Igualmente reclaman que la información publicada en los medios de comunicación sea exhaustiva y que se identifique a aquellas organizaciones que, supuestamente, han cometido algún delito. De lo contrario todo el sector de la discapacidad puede resultar sospechoso. Este hecho pone en duda la transparencia y la buena gestión que se realiza por parte del grueso de asociaciones, fundaciones y federaciones que conforman el tercer sector e involucradas, todas ellas, en un objetivo común indispensable: que las personas con discapacidad mejoren su calidad de vida, así como la creación de una sociedad más justa y solidaria.