Así lo ha hecho llegar al presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González; al consejero de Economía y Hacienda, Enrique Ossorio; al consejero de Asuntos Sociales, Jesús Fermosel y al consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno, Salvador Victoria. Asimismo, ha remitido dicho informe a los presidentes de la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda y de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad de la Asamblea de Madrid, y a los portavoces de los cuatro grupos parlamentarios en ambas comisiones de trabajo, siguiendo la línea del CERMI Estatal.

 

En dicho documento se incide en que, dado el entorno económico y social actual, caracterizado por una grave situación económica, no se puede olvidar la necesidad de seguir realizando políticas que vayan dirigidas a beneficiar al colectivo de personas con discapacidad, que  han de hacer frente a un elevado sobrecoste que no hace sino mermar su capacidad económica, motivo por el cual, las Administraciones Públicas, cumpliendo el mandato de la Constitución Española, en concreto de su artículo 49, han de realizar políticas activas con el fin de equiparar las condiciones de vida de unos ciudadanos con otros.

 

Por ello, el CERMI Comunidad de Madrid realiza un análisis de los beneficios fiscales aplicados en otras Comunidades Autónomas en materia de tributación de las personas con discapacidad, identificando posibles áreas de mejora en la Comunidad Autónoma de Madrid, con la finalidad de favorecer la plena inclusión de las personas con discapacidad, paliar los obstáculos y la discriminación que una discapacidad conlleva, incentivar la efectividad del ejercicio de sus derechos fundamentales y armonizar la tributación de este colectivo con independencia de la Comunidad Autónoma de residencia.