En concreto, la plataforma representativa de la discapacidad en Extremadura se ha reunido con representantes del Partido Popular Extremadura, del PSOE Extremadura-verde Siex, Podemos Extremadura y Ciudadanos  Extremadura, a los que ha trasladado sus inquietudes sobre la entrada en vigor en 2019 del XV Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Atención a la Discapacidad.

 

La entrada en vigor de esta actualización supondrá un incremento salarial en un tramo del 7,5% al 10% según categorías, aspecto inasumible para el tejido asociativo de la discapacidad en Extremadura si no cuenta con el apoyo del actual Gobierno de la Junta y de los grupos políticos, por lo que CERMI Extremadura pide una respuesta urgente a los grupos parlamentarios en este aspecto.

 

Asimismo, el presidente de CERMI Extremadura, Modesto Díez Solís, ha trasladado a los grupos políticos en esta reunión, la preocupación del sector con respecto al transporte de personas con discapacidad dentro del Marco de Atención a las Personas con Discapacidad de Extremadura (Madex), pues su coste, al ser superior a lo que se está pagando actualmente, genera un déficit para las entidades.

 

En materia normativa, la entidad ha manifestado su satisfacción por la aprobación por consenso de la Ley del Tercer Sector Social de Extremadura y de la Ley de Conciertos Sociales que, como ha expresado Díez Solís, “supondrá para nuestro sector una ansiada estabilidad económica en un futuro”.

 

Además, CERMI Extremadura ha defendido la importancia de un obligado cumplimiento de las condiciones básicas de accesibilidad en el entorno, productos y servicios, de tal modo “que redunde en una efectiva accesibilidad universal, tal y como está regulado en la ley y el reglamento autonómico, especialmente teniendo en cuenta la particularidad de Extremadura como comunidad rural, ya que corremos el riesgo de despoblación y aislamiento de las personas más vulnerables y con discapacidad”, ha explicado Díez Solís.

 

Por último, durante el encuentro se ha incidido en la necesidad de avanzar en políticas de actuación que posicionen a la mujer con discapacidad en un escenario de igualdad de oportunidades y no discriminación, haciéndolo extensible al medio rural.