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CERMI.ES semanal el periódico de la discapacidad.

viernes, 05 de julio de 2013cermi.es semanal Nº 86

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"3,8 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"

Actualidad

El CERMI y la Fundación ONCE presentan un estudio sobre la situación, necesidades y retos futuros de la discapacidad

Reducir un 25 por ciento la pobreza en la población con discapacidad requiere una inversión de 800 millones anuales

02/07/2013

La situación de las personas con discapacidad en España se caracteriza por tasas de pobreza relativa que duplican la media nacional, a pesar de las mejoras de empleo y protección social cosechadas, según manifestó el catedrático Gregorio Rodríguez Cabrero, que indicó que para reducir en un 25% el número de personas que se encuentran en esa situación sería necesaria hasta 2020 "una inversión de 800 millones de euros anuales y retornos importantes en demanda agregada e imposición indirecta".

El estudio ‘El sector de la discapacidad: situación, necesidades y retos futuros’ -promovido por la Fundación ONCE, publicado por el CERMI en su colección cermi.es y dirigido por el catedrático Gregorio Rodríguez Cabrero- ha sido presentado en la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, en un acto presidido por el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno.

Según ha detallado Cabrero, el enfoque del libro –fruto de un proceso de reflexión y análisis por parte del sector de la discapacidad en España- está centrado en el modelo social europeo, basado, principalmente, en la recomendación sobre inclusión activa de la UE y la Estrategia Europea 2020.

La presentación del autor

El estudio, según Cabrero, habla de 3.787.000 personas con discapacidad en 2008 y de un escenario de 4.034.890 en 2020, caracterizado por tasas de pobreza relativa que duplican la media nacional a pesar de las mejoras de empleo y protección social; tasas de ocupación que son justamente la mitad de la media nacional; niveles educativos con elevadas tasas de abandono escolar (57%) y bajo nivel de titulación superior; y razonable acceso a servicios socio-sanitarios con limitaciones que afectan la accesibilidad física y social.

Uno de los problemas que ha destacado es la financiación de las organizaciones, las cuales hasta 2010 tenían un elevado nivel de solidez patrimonial y un bajo nivel de endeudamiento a largo plazo, así como una dependencia poco elevada de recursos públicos, diversificación limitada de los recursos que la crisis ha agudizado, un modelo de colaboración entre las entidades aún muy limitado, y amplias mejoras en la gestión además de un cierto déficit en la transparencia.

Retos

Entre los retos a los que se enfrenta el sector, ha apuntado a los cambios en la base social de la discapacidad (envejecimiento), a las tensiones entre la gestión de servicios, la función reivindicativa, la defensa de derechos e innovación social, y las incertidumbres sobre el devenir del Estado de Bienestar.

También ha indicado que las entidades de la discapacidad orientan su acción organizativa hacia la redefinición de la identidad y misión del sector económico del conjunto del Tercer Sector de Acción Social; hacia nuevas formas de colaboración con las administraciones, y nuevas formas de financiación (cláusulas sociales y, sobre todo, el desarrollo de la economía social).

En relación con el horizonte 2020, en materia de empleo ha hablado de una población en 2010 de 1.171.000 en edad de trabajar, que en 2020 será de 1.501.000 personas. En este sentido, según ha ejemplificado, “un escenario de una tasa de ocupación del 45% supone pasar de 325 millones de personas ocupadas en 2010, a 677 millones en 2020”.

Asimismo, ha situado en 958.000 el número de personas en situación de pobreza relativa en España de cara a 2020, lo que supone una reducción del 25%, con un coste de 800 millones de euros anuales y retornos importantes en demanda agregada e imposición indirecta; y, por otra parte, en materia de educación, Cabrero ha expuesto que hay que reducir las tasas de abandono escolar del 57% al 18,3% en 2020, que supone un coste medio de 115,8 millones de euros al año; y el aumento de la tasa de titulación superior para personas con discapacidad (del 19,3 al 42%, que supone 160,8 millones de euros al año).

Sostenibilidad

Para alcanzar la sostenibilidad en el sector, el catedrático ha manifestado que es “necesaria” una mayor exigencia de las cláusulas sociales para competir con su valor añadido; un tratamiento no discriminatorio del IVA; nuevas formas de colaboración y un trabajo conjunto en el seno del Tercer Sector de Acción Social; las mejoras en su transparencia, la rendición de cuentas y una mayor apelación a la sociedad civil.

Así, ha incidido en que el sector de la discapacidad tiene que afrontar una reestructuración para superar la atomización a través de fusiones o formas de colaboración permanentes; una incidencia creciente en innovación como valor añadido; un desarrollo de la economía social; y un reforzamiento de la participación social interna y cívica en el conjunto de la población española.

En definitiva, según se recoge del estudio, hay que garantizar el efectivo cumplimiento de avances legislativos y de estrategias y planes hasta ahora logrados; la apertura a la diversidad emergente de la discapacidad y otras formas de exclusión; el reforzamiento de la capacidad de negociación, cooperación, y reivindicación ante las Administraciones Públicas en conexión con el conjunto del Tercer Sector; alianzas y trabajo continuo de las organizaciones del Tercer Sector de Acción Social; mayor diversificación de fuentes de financiación del sector de la discapacidad; nuevas formas de inversión social, innovación y economía social en línea con las nuevas recomendaciones de la Comunidad Europea sobre inversión social.

Presentación y asistentes

El acto de presentación ha contado con la presencia del secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno; del director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Ignacio Tremiño; el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno; y el secretario general del CERMI y vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán; además de numerosas personalidades del movimiento asociativo de la discapacidad en España. 

El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad ha asegurado que este estudio “traza algo absolutamente necesario, como es el mapa socio-demográfico de las personas con discapacidad y sus necesidades actuales”. Para Moreno, “sus reflexiones pueden ayudar a orientar las estrategias de presente y futuro, no sólo para el movimiento asociativo de la discapacidad, sino para la propia Administración Pública”.

En este sentido, ha subrayado que actualmente se está trabajando en un modelo centrado en la autonomía de las personas, que enfoca una nueva forma de entender las nuevas políticas sociales de futuro.

El presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, ha destacado cómo el movimiento asociativo de la discapacidad se encuentra en una fase de reinvención, en la que era necesario replantearse sus estructuras, por lo que, según ha dicho, “necesitábamos una cartografía para saber dónde dirigirnos en esta línea hacia el 2020”. Así, ha recalcado que esta reinvención “no viene impuesta por la Administración, ni por la crisis, sino por el propio sector de la discapacidad”.

“Son las personas con discapacidad y sus familias los agentes activos de su propia inclusión, y el movimiento asociativo y los gobiernos, sus acompañantes en este proceso”, ha subrayado.

En esta línea, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación ONCE, Alberto Durán, se ha referido al estudio como “una linterna”, que “ilumina nuestro camino y saber hacia dónde vamos”. Así, “todos tendremos más opciones para seguir adelante, ya que somos un sector que sabemos andar entre las dificultades”.

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