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CERMI.ES semanal el periódico de la discapacidad.

viernes, 30 de noviembre de 2012cermi.es semanal Nº 57

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"3,8 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"

CERMIS Autonómicos

Las nuevas tasas judiciales dificultarán el acceso universal a la justicia con trabas económicas

23/11/2012

El CERMI Galicia quiere expresar su preocupación por las consecuencias que las nuevas tasas judiciales van a traer al colectivo de personas con discapacidad en esta comunidad autónoma. Un colectivo de personas en grave riesgo de exclusión, afectado por los recortes en políticas sociales y sanitarias, que ahora tendrá que soportar nuevos requisitos económicos en el caso de necesitar reclamar sus derechos por la vía judicial.

El CERMI GALICIA une su voz a las asociaciones de personas con discapacidad y de víctimas de accidentes de tráfico que ya denunciaron las consecuencias para los colectivos que representan de la aprobación del 'Proyecto de Ley por el que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (121/000018)'.

Este proyecto de ley, que presumiblemente entrará en vigor antes de que termine el año, introduce nuevas tasas judiciales nos órdenes civil, contencioso-administrativo y social, que afectan a un derecho fundamental, al dificultar el derecho a la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia por parte de la ciudadanía.

Este derecho supone aun más riesgo en el caso de las personas con discapacidad, que tendrán que abonar en el caso de reclamar indemnizaciones, recurrir las ayudas a la dependencia, o cualquier otra reclamación que tengan que realizar por la vía judicial.

Si, por ejemplo, una familia tiene que presentar una demanda civil para reclamar una indemnización de 1.200.000 euros por causa de un accidente de tráfico en el que su hijo queda parapléjico, tendrá que abonar 300 euros fijos más una tasa variable de 5.500 euros (porcentaje dependiente de la cuantía que reclama). Si después de la primera moraleja la misma familia había querido apelar tendría que volver a abonar una tasa fija de 800 euros, más la misma variable del inicio, 5.500 euros.

Tal requisito no será más que un obstáculo para las familias, pues el desembolso económico que va a exigir cualquier denuncia similar a la del ejemplo será inasumible. Además, el CERMI Galicia reclama que en las exenciones para la aplicación de estas tasas se reconozca a las personas víctimas de accidentes de tráfico y laborales que reclaman derechos de indemnización.

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