Fátima Wadi acudió, entre otras instancias, a la Fundación CERMI Mujeres y al CERMI Comunidad de Madrid, organizaciones que se han implicado para velar por los derechos de esta mujer trabajando el tema desde el primer momento con las direcciones generales de Mujer y de Atención a Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.

 

Fátima es una mujer con discapacidad física de 36 años, es de Alepo, Siria, y llegó a España huyendo de la guerra con sus tres hijos/as pequeños/as de uno, cinco y nueve años. Cuando llegó a Madrid los acogieron en un centro para personas refugiadas de Alcobendas. A  su marido le condenaron a 9 meses de prisión por violencia de género, pena que luego le conmutaron por una orden de no aproximación. Ella estaba entonces embarazada y con tres menores a su cargo.

 

Tras la condena de su marido por malos tratos, en diciembre de 2017, y de la muerte de su madre, deciden irse a Alemania, buscando la ayuda de un familiar. En abril de este año las autoridades germanas les devuelven a España basándose en el Convenio de Dublín, y llegan sin acceso a ayudas.

 

Fue en ese momento, en mayo de 2018, cuando la Comunidad de Madrid decidió que Fátima no podía cuidar bien de sus hijos/as, argumentando dicha decisión por su situación de discapacidad. La Administración asumió la tutela y se llevaron a los/as tres menores a un centro. A ella la trasladaron a una residencia para personas con discapacidad física donde aún reside hoy.

 

El pasado viernes dio a luz a su bebé en el Hospital Gregorio Marañón. A ella ya le han dado el alta, su niña está en la incubadora y recibirá el alta en las próximas horas. Hoy se ha presentado una medida cautelar para la no retirada de la tutela de la recién nacida.

 

El CERMI Comunidad de Madrid y la FCM disponen de informes favorables en los que se señala que Fátima, con los apoyos necesarios, puede desempeñar perfectamente sus funciones como madre, lo que podría realizarse en un centro de protección para mujeres, por ejemplo, donde pudiera quedarse con su hija recién nacida, para después hacer el reingreso de los otros tres hijos/as.

 

La situación actual en la que se encuentra esta mujer incumple claramente la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la que se reconoce “la importancia que para las personas con discapacidad reviste su autonomía e independencia individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones”, al igual que se habla de garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación. Uno de estos derechos es el que tiene cualquier mujer para ser madre.