El Comité madrileño, que recuerda a la Comunidad de Madrid que una de cada cinco personas con discapacidad (concretamente el 21,1%) corre riesgo de caer en la pobreza y la exclusión social, reitera que muchas de ellas no podrán costearse los medicamentos de dispensación hospitalaria, debido a que soportan ya una elevada presión fiscal y de gasto derivado de su propia situación.

 

Asimismo, avanza que, si las personas con discapacidad dejan de tomar tratamientos farmacológicos de dispensación hospitalaria que le han sido pautados, por no poder costearlos, se perjudicará su salud y su plena autonomía personal, lo que se traducirá en un claro retroceso en las cotas de bienestar alcanzadas durante los últimos años desde que se puso en marcha la LISMI, lo que acarreará, a corto plazo, un aumento de los ingresos hospitalarios y un mayor volumen de gasto para el sistema sanitario.

 

La introducción de este copago, aprobado por el Gobierno central el pasado mes de septiembre de 2013, suscitó el rechazo de numerosas autonomías, que llevaron la medida a los tribunales.De hecho, aunque entró en vigor el pasado 1 de octubre, se facilitó un plazo de tres meses para que las administraciones regionales pudieran aplicar esta nueva medida, que ahora se pone en práctica y que, a juicio del CERMI Comunidad de Madrid, llevará a muchas personas con discapacidad, en especial a las “polimedicadas”, a un callejón sin salida. 

 

Este copago, que afectará a más de 47 tipologías de fármacos, entre ellos antitumorales o medicamentos contra la hepatitis, la esclerosis múltiple o las dolencias de riñón, acarreará en la práctica que los pacientes se vean abocados a abandonar tratamientos médicos pautados por un especialista por no poder hacer frente al coste que les supondrá.

 

 

Al margen del copago de fármacos de dispensación hospitalaria, que está previsto que se aplique ya este mes, el CERMI Comunidad de Madrid desea incidir en que las personas con discapacidad tienen que destinar hasta el 60% de sus ingresos, en algunos casos, a sufragar los sobrecostes a los que tienen que hacer frente para alcanzar cotas de autonomía y de bienestar aceptables, y que muchas de ellas, pensionistas, han visto cómo el límite máximo de copago mensual al que tendrán que hacer frente en este 2014 aumentará seis veces la subida de las pensiones, según las cuantías de aportación que recoge el BOE del pasado 30 de diciembre de 2013. Se trata de un aumento que deteriorará el ya reducido poder adquisitivo de los pensionistas, que en los últimos tres años se redujo alrededor de un 2%.

 

Por todo ello, pide al gobierno madrileño que reflexione sobre los efectos “muy negativos” que la aplicación del nuevo copago de fármacos hospitalario puede acarrear sobre el colectivo de personas con discapacidad, sometido ya a numerosos “copagos” y “repagos”, con el fin de buscar vías alternativas que eviten que personas vulnerables económicamente, como lo son las que tienen discapacidad, se vean sometidas a una mayor presión económica de la que tienen, por el encarecimiento generalizado de todos los productos y servicios, que les afectan ya en mayor medida que al resto de la población.

 

Además, desea trasladar al gobierno regional que el comisario europeo de Derechos Humanos, Nils Muižniek, fue muy claro en el informe que redactó tras su visita a España en junio de 2013. En el mismo, reiteraba, en referencia a los distintos copagos sanitarios y farmacéuticos puestos en marcha en los últimos tiempos, que: “el aumento del copago en lo que respecta a los medicamentos y los recortes efectuados en los servicios de salud pública también han tenido efectos en las personas con discapacidad”.

 

Muižniek explicaba que “los copagos para acceder a los servicios se han incrementado considerablemente en algunas regiones de España, alcanzando, a veces, el 90% de los ingresos de personas necesitadas (en alusión a las personas con discapacidad)”. Por todo ello, indicaba que “las autoridades deberían cerciorarse de que la introducción de los copagos, incluidos los del ámbito sanitario, (…) no se traduzcan en vulneraciones de sus derechos consagrados en la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad”, tales como son el derecho a la autonomía y la inclusión y el derecho a gozar del más alto nivel de salud posible sin discriminación alguna.

 

Por último, el CERMI Comunidad de Comunidad de Madrid desea insistir en que, en alrededor de un 70% de los hogares españoles en los que viven personas con discapacidad, se registran dificultades para llegar a fin de mes, y que, en la mayoría de los casos, solamente las terapias y tratamientos que necesita la persona con discapacidad consumen entre un 30 y un 40% de los ingresos brutos que llegan al seno familiar.