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Mujer

CERMI Mujeres aplaude que Ciudadanos registre en el Parlamento una proposición de ley para acabar con las esterilizaciones forzadas

19/12/2018

La Fundación CERMI Mujeres (FCM) y el CERMI han mostrado su satisfacción por el hecho de que Ciudadanos haya registrado en el Parlamento una proposición de ley para modificar el Código Penal para la erradicación de las esterilizaciones forzosas de personas con discapacidad, práctica que sufren especialmente las mujeres y niñas.

Albert Rivera, presidente de Ciudadanos presenta en el Registro del Congreso la Proposición de Ley contra la esterilización forzosa acompañado por CERMI MujeresA la presentación de la proposición de ley han asistido la vicepresidenta ejecutiva de la FCM, Ana Peláez; la coordinadora de la entidad, Isabel Caballero; el delegado del CERMI para los Derechos Humanos y la Convención Internacional de la Discapacidad, Jesús Martín, y las trabajadoras del CERMI Carla Mediavilla y Mercedes Pérez. Por parte de Ciudadanos, junto al presidente de la formación naranja, Albert Rivera, han estado presentes los parlamentarios Marcial Gómez, Diego Clemente, Virginia Salmerón, Marta Martín y Tomás Marcos.
 
Con el registro de esta propuesta, Ciudadanos cumple un importante compromiso adquirido durante una reunión mantenida con el CERMI Estatal el pasado año. Además, se trata de un asunto esencial en la agenda política del sector de la discapacidad, sobre todo para las mujeres y niñas.
 
En la exposición de motivos, Ciudadanos subraya que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en 2006 y ratificada después por España, recoge en su artículo 33 el compromiso de los Estados para erradicar cualquier discriminación en todo lo relacionado con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones personales.
 
En este sentido, pide asegurar que se reconoce el derecho de todas las personas con discapacidad en edad de contraer matrimonio a casarse y fundar una familia sobre la base del consentimiento libre y pleno de los futuros cónyuges; a decidir libremente y de manera responsable el número de hijos que quieren tener y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro, y a tener acceso a información, educación sobre reproducción y planificación familiar apropiados para su edad, y se ofrezcan los medios necesarios que les permitan ejercer esos derechos; y a mantener su fertilidad, en igualdad de condiciones con las demás personas.
 
Albert Rivera, presidente de Ciudadanos presenta en el Registro del Congreso la Proposición de Ley contra la esterilización forzosa acompañado por CERMI MujeresSin embargo, el artículo 156 del Código Penal permite la esterilización forzosa o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente "siempre que se trate de supuestos excepcionales en los que se produzca grave conflicto de bienes jurídicos protegidos, a fin de salvaguardar el mayor interés del afectado, todo ello con arreglo a lo establecido en la legislación civil".
 
Por ello, Ciudadanos propone modificar el artículo 156 del Código Penal para introducir una disposición, según la cual, "en el marco de la legislación básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, las personas con discapacidad que precisen de apoyos humanos y materiales, incluidos los tecnológicos, para la toma de decisiones recibirán los mismos siempre en formatos, canales y soportes accesibles para que la decisión que adopten en su calidad de pacientes sea libre, voluntaria, madura e informada".
 
Ciudadanos recuerda que en la última década se han practicado más de un millar de esterilizaciones a personas incapacitadas judicialmente, algo que en ocasiones pone en un mayor riesgo de sufrir violencia sexual a las mujeres y niñas con discapacidad, al no existir el riesgo de embarazo.
 
Para acabar con esta situación, el CERMI y CERMI Mujeres hacen un llamamiento a todos los partidos del arco parlamentario para que apoyen la modificación del Código Penal y terminar así con una de las vulneraciones más flagrantes de los derechos humanos de las personas con discapacidad en España.
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