Tal y como ha indicado la entidad, con esta contribución, se busca asegurar que “600 millones de mujeres y niñas con discapacidad no queden excluidas de su consideración, haciendo que esta nueva Recomendación General sea más inclusiva sin dejar a nadie atrás”.

 

Así, la FCM, en sintonía con la Alianza Internacional de la Discapacidad, el Foro Europeo de Discapacidad y con las contribuciones realizadas también por otras organizaciones de mujeres con discapacidad, ha mostrado su “satisfacción” ante el reconocimiento, en la nueva Recomendación General del Comité, de la vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad, considerando que es “un colectivo que se enfrenta a mayor riesgo de ser víctima de la trata”.

 

La entidad ha explicado que “cuando el Comité hace referencia en la Recomendación a la recopilación de datos hay varias alusiones a los colectivos de mujeres que sufren formas múltiples e interseccionales de discriminación, como son las mujeres y niñas con discapacidad”. Asimismo, en el texto se hace alusión a la necesaria accesibilidad del sistema judicial.

 

Sin embargo, FCM ha advertido de que el documento “carece de referencias específicas a los desafíos únicos a los que se enfrentan las mujeres y niñas con discapacidad en el contexto de la trata y la explotación, así como a las medidas necesarias para proteger sus derechos”.

 

Según estudios e informes recientes, las mujeres y niñas con discapacidad sufren mayor riesgo de explotación y pueden estar expuestas a mayor riesgo de ser víctimas de la trata de personas, incluyendo el contexto de la migración global. Los estudios demuestran, además, del vínculo directo existente entre algunas formas de discapacidad y distintos patrones de la trata, como son la mendicidad forzada y prácticas de explotación laboral. En este sentido, la entidad ha considerado que “es una realidad que debe ser tomada en consideración por el Comité”.

 

Por otro lado, CERMI Mujeres ha asegurado que “las mujeres y niñas con discapacidad siguen siendo invisibles en los instrumentos internacionales que prohíben la trata de personas como, por ejemplo, la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Transnacional Organizado y el Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños”.  No obstante, “ninguno de los dos documentos contiene referencias a la discapacidad”.

 

Por todo ello, la FCM ha exigido al Comité que “reconozca y aborde los derechos y las perspectivas específicas de las mujeres y niñas con discapacidad, asegurando una protección igual y apropiada contra la trata en el contexto de la migración para todas las mujeres y niñas con discapacidad, en consonancia con la CRPD, Cedaw y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Meta 5.2)”.