Así se ha manifestado durante la celebración de la XXX edición del webinario ‘No estás sola’ de la FCM, que ha tratado sobre los conceptos jurídicos con relevancia para las mujeres con discapacidad en el proceso penal y que ha contado con un panel de personas expertas en la materia.

 

En concreto, se han tratado términos como los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, el consentimiento sexual, la declaración de inimputabilidad, algunos conceptos jurídicos indeterminados, así como las novedades legislativas en la protección de niñas y jóvenes con discapacidad contra la violencia.

 

En relación a los delitos contra la libertad e indemnidad sexual y al concepto de consentimiento sexual, la vocal del Consejo General del Poder Judicial de España, Pilar Sepúlveda, ha explicado la diferencia entre agresión sexual y abuso sexual, relacionándose la primera con el empleo de violencia o intimidación para conseguir consentimiento y la segunda a aquellos delitos en los que no existe un consentimiento, pero tampoco violencia e intimidación.

 

En este sentido, se ha congratulado por las modificaciones que conlleva la nueva ley de Protección Integral de la Libertad Sexual, ya que “desaparece el delito de abuso y se unifica con el delito de agresión sexual”. “Todo contacto no consentido se convierte en agresión sexual, que tendrá una pena progresiva en función de si los hechos son más graves o no”, ha afirmado Sepúlveda.

 

Por su parte, el investigador y abogado senior de la División de Derechos de las Personas con Discapacidad de Human Rights Watch, Carlos Ríos, ha tratado el concepto de inimputabilidad.

 

De esta manera, ha explicado que se suele declarar inimputables a personas que no reúnen los requisitos suficientes para ser declaradas responsables penalmente de actuaciones que pueden ser típicas y antijurídicas. Así, no se produce un proceso penal con todas las garantías de defensa para someterse a un juicio, sino que “en muchas ocasiones son privadas de su libertad indefinidamente en instituciones, constituyendo una violación estructural de los derechos fundamentales de las mujeres con discapacidad en el ámbito penal”.

 

 

También ha participado la Fiscal Delegada de Violencia sobre la Mujer de Jaén, Gracia Rodríguez, quien ha puesto sobre la mesa la “especial vulnerabilidad” de las mujeres con discapacidad víctimas de delitos puesto que tienen “mayores dificultades” a la hora de acceder a la justicia.

 

En este sentido, ha insistido en la necesidad de que la justicia cuente con más herramientas para acceder a los testimonios y declaraciones de mujeres con discapacidad y ha puesto de manifiesto los “resultados positivos” que ha dado el Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA), que tiene como objetivo informar, asesorar, proteger y apoyar a las víctimas de delitos, así como a reducir y evitar los efectos de la victimización secundaria, acercando la justicia a la ciudadanía.

 

Por su parte, la profesora del Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad de Granada, Tasia Aránguez, ha hecho alusión a conceptos jurídicos indeterminados, como el interés superior del menor, del incapaz o la diligencia de un buen padre de familia.

 

En relación a esto, ha recalcado que muchas madres con discapacidad son separadas de sus hijos e hijas porque “se considera que las mujeres con discapacidad, especialmente intelectual, no tienen competencias para ejercer la función parental”. Por eso, ha pedido que se les “garantice una asistencia apropiada para que puedan desempeñar la responsabilidad e crianza y no que la solución sea que les arrebaten a sus hijos e hijas”. En este sentido, ha insistido en que, en los casos en los que sea imposible que menores puedan estar con sus progenitores con discapacidad, se apueste por “una adopción abierta para garantizar el interés superior del menor”.

 

Además, el webinario ha contado con la experiencia en la atención a mujeres con discapacidad en el proceso penal de la mano de la asesora jurídica del CERMI Comunidad Valenciana, Mónica Aguado, quien ha explicado la labor principal de este CERMI autonómico en esta materia. “Resolvemos consultas, acompañamos y asesoramos a profesionales del turno de oficio que soliciten orientación y nos movemos en la línea de la interlocución política para que se haga un seguimiento de las medidas cuando sean necesarias en los procedimientos judiciales”, ha manifestado Aguado.

 

Por su parte, la diputada del Grupo Parlamentario Popular y ponente de la Ponencia del Proyecto de Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, Alicia García, ha puesto de manifiesto la importancia de esta ley y ha explicado que, desde su grupo se presentaron 135 enmiendas relacionadas con la prevención, detección y especialización de juzgados y fiscalías en esta materia.

 

Por último, ha asegurado que “queríamos que la ley tuviera presente la discapacidad para asegurar que todas las medidas tengan un enfoque inclusivo y accesible con el objetivo de poder atender a todos los niños, niñas y adolescentes sin excepción”.