Así lo manifiesta la Fundación CERMI Mujeres en su aportación a la consulta pública previa a la elaboración de este proyecto normativo en la que recoge los principales aspectos a tener en consideración a la hora de abordar esta regulación.

 

Y es que, según la entidad, las mujeres y niñas con discapacidad “no son tenidas en cuenta en las normas estatales que regulan esta cuestión” lo que supone “una negación de protección por igual contra la trata de conformidad con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (meta 5.2)”.

 

En este sentido, desde la Fundación CERMI Mujeres consideran que la ausencia de datos armonizados, información fiable, actualizada y estandarizada” sobre esta realidad sigue “impidiendo la adopción de legislación y políticas públicas adecuadas que tomen en consideración la situación de miles de mujeres con discapacidad explotadas sexualmente”.

 

Por ello, abogan por que la futura esta futura ley tenga en cuenta el “mayor riesgo al que se enfrentan las mujeres y niñas sometidas a formas múltiples e interrelacionadas de discriminación”, en particular las mujeres y niñas en situación de pobreza, que viven en zonas remotas, las mujeres, niñas y mujeres desplazadas por la fuerza y las niñas migrantes y las mujeres y niñas con discapacidad.

 

De hecho, tal y como aseguran desde la Fundación CERMI Mujeres, las mujeres con discapacidad tienen de dos a cinco veces más probabilidades de sufrir violencia. Además, el bajo acceso a la educación y al trabajo y el alto riesgo de pobreza hacen que las mujeres y niñas con discapacidad sean más propensas a ser blanco de las redes de trata.

 

En este sentido, hacen hincapié en la “urgencia” de que las víctimas de trata con discapacidad cuenten con un “apoyo de calidad y servicios que sean inclusivos y accesibles”, como el acceso a la información sobre sus derechos, servicios médicos, psicológicos, sociales y legales disponibles y cómo acceder a ellos, así como a un alojamiento seguro, accesible y apropiado.

 

 

En relación a los aspectos más relevantes que según la entidad debe incluir esta legislación, destacan las líneas marcadas por los órganos de seguimiento de tratados de derechos humanos de Naciones Unidas, así como las observaciones realizadas por el GREVIO en aplicación del Convenio de Estambul vigente en España desde el 2014, que anima a las autoridades españolas a que tomen medidas de protección aplicables a las víctimas de esta forma de violencia y a las mujeres y niñas en situación de riesgo y que garanticen que los profesionales del ámbito judicial sean capaces de establecer una distinción operativa entre el matrimonio forzoso y la trata en seres humanos.

 

Además, la Fundación CERMI Mujeres defiende que esta ley debe reconocer a las mujeres y niñas con discapacidad como un grupo de mayor riesgo de ser objeto de trata; prestar especial atención a las mujeres y niñas que adquieren una discapacidad como consecuencia de la trata; y proporcionarles servicios generales accesibles e inclusivos en todos los ámbitos, así como en la educación, la información, la atención médica, la justicia y las oportunidades de empleo.

 

Por otro lado, considera que es necesario que se facilite el acceso a mecanismos de justicia accesibles e inclusivos para resolver las denuncias de explotación y abuso; brindar asistencia adecuada y apoyo económico y social a mujeres y niñas con discapacidad como grupo particularmente vulnerable a la trata; así como adoptar sanciones más severas para los traficantes que explotan a mujeres y niñas debido a su discapacidad

 

También recalca la importancia de formar a los actores involucrados en la lucha contra la trata; y de intensificar las campañas de sensibilización pública y toma de conciencia a nivel nacional, especialmente en las comunidades rurales y entre las mujeres y niñas de grupos excluidos, sobre sus derechos, el riesgo de trata de personas, los métodos empleados por los traficantes y las medidas para reducir estos riesgos y que, además, estas campañas sean plenamente accesibles.

 

En lo que respecta a la política integral de migración y refugio, desde la Fundación CERMI Mujeres abogan por conectarla con un enfoque de género, que esté basada en los derechos, que tenga en cuenta la discriminación, el abuso y las explotaciones múltiples e interseccionales a las que se enfrentan las mujeres y niñas con discapacidad.

 

Por último, recuerdan la trascendencia de establecer mecanismos para la identificación de las víctimas de la trata dentro del procedimiento de asilo y la necesidad de establecer registros estadísticos que permitan entrecruzar las variables sexo y discapacidad en este ámbito.