Esta ha sido la principal conclusión a la que se ha llegado durante la celebración de la octava edición del ‘Aula de Derechos Humanos’, que ha tenido como objetivo ofrecer formación sobre cómo fortalecer la defensa de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad.

 

En este sentido, la sesión ha contado con la oficial de derechos humanos del Foro Europeo de la Discapacidad, Marine Uldry, que ha basado su intervención en la reciente publicación ‘Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas: una guía para las organizaciones de personas con discapacidad’, elaborada por dicha plataforma europea. Esta guía ofrece orientación sobre cómo las organizaciones de la sociedad civil pueden participar en el trabajo del Comité CEDAW para evitar que se sigan sucediendo violaciones de derechos fundamentales en mujeres y niñas con discapacidad.

 

De esta manera, Uldry ha ofrecido una ponencia sobre el papel del Comité CEDAW en el seguimiento de la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, aprobada en 1979 y ratificada por 189 países. Su estructura, dividida en seis partes, abarca los diferentes derechos y casi todas las áreas que afectan a las mujeres, como educación, discriminación, medidas políticas, empleo, salud, vida política y pública, vida familiar, el derecho al matrimonio o la igualdad ante la ley.

 

Este Comité es el “encargado de realizar el seguimiento de la aplicación de la Convención y está formado por 23 expertos independientes de derechos humanos, elegidos por los países que la han ratificado y que velan por proteger los derechos de las mujeres y niñas para garantizar que se adopten las medidas adecuadas a nivel nacional”.

 

No obstante, ha reconocido que es “fundamental” que el Comité reconozca la situación concreta de las violaciones de derechos de mujeres y niñas con discapacidad. En este sentido, ha señalado que también existe un Protocolo Facultativo, instrumento que complementa la CEDAW, el cual ha sido ratificado por 114 países, a través del cual las personas pueden, a título individual, presentar denuncias de incumplimientos de derechos de la convención en sus países de origen.

 

 

Además, el aula ha contado con un panel de expertas, que han compartido buenas prácticas en relación a la defensa de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad.

 

De esta manera, la presidenta de la Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad (Cemudis), Marta Valencia Betrán, ha asegurado que una de las cuestiones en las que están trabajando actualmente es en la elaboración de protocolos de detección de violencia en el ámbito de salud, en el fortalecimiento asociativo y en la formación de los profesionales para detectar las diferentes situaciones de violencia que puedan surgir. Además, ha puesto de manifiesto la necesidad de lograr una accesibilidad universal para todas las mujeres, independientemente de su discapacidad y de continuar trabajando para recoger denuncias y transmitirlas para que puedan ser resueltas y no se sigan produciendo violaciones de derechos.

 

Por otra parte, también ha participado Lucy Vargas,  una feminista nicaragüense comprometida con la defensa de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad, quien ha puesto de manifiesto que “aunque sigue habiendo muchas dificultades en Nicaragua”, durante los últimos años “se ha realizado un importante trabajo por defender los derechos de mujeres, jóvenes y niñas con discapacidad” y se ha conseguido que puedan acceder a la educación, al trabajo y a programas de salud.

 

También, la fundadora de Mujeres Mexicanas con Discapacidad, Maryangel García-Ramos, plataforma nacida hace tres años que tiene como objetivo cambiar las narrativas excluyentes y la lucha por la representatividad de las mujeres con discapacidad, ha asegurado que es “prioritario eliminar las barreras en relación al acceso a la justicia de mujeres con discapacidad”. Además, ha hecho alusión a la ausencia de la perspectiva interseccional tanto de género como de discapacidad y ha denunciado la “falta de visibilidad y representación en el diseño y toma de decisiones en espacios públicos y privados”. Por último, ha hecho alusión a la ausencia de datos desagregados específicamente en temas de violencia de género y discapacidad y ha instado a que se presenten “urgentemente”.