Así lo ha manifestado la Fundación CERMI Mujeres en la consulta pública previa a la elaboración de un Proyecto normativo consistente en el desarrollo del Estatuto de los Trabajadores acerca de las obligaciones de registro y transparencia retributiva para la igualdad retributiva entre mujeres y hombres, en fase de alegaciones en estos momentos.

 

El movimiento CERMI ha participado en esta consulta pública previa para aportar el enfoque de las mujeres con discapacidad trabajadoras, que soportan condiciones de igualdad en todos los ámbitos, incluido el laboral y profesional, aún más precarias y frágiles que el resto de mujeres, por lo que es preciso que el desarrollo reglamentario en ciernes tenga presente expresamente las situaciones de discriminación interseccional por razón de género y discapacidad, y establezca medidas reforzadas y más intensas para combatirlas eficazmente.

 

Varones y mujeres con discapacidad sufren de brecha retributiva en relación con la masa de trabajadores sin discapacidad según le estudio “El Salario de las Personas con Discapacidad (SPD). Explotación de la Encuesta Anual de Estructura Salarial 2017 y de la Base Estatal de Personas con Discapacidad. Año 2017”.

 

A tenor de esta información oficial, recuerda CERMI Mujeres “los hombres con discapacidad tuvieron un salario un 20,7 % inferior al de los hombres sin discapacidad. En el caso de las mujeres, fue un 14,3 % menor”, datos que evidencian la brecha retributiva más acusada que aqueja a las personas con discapacidad, globalmente consideradas, y más singularmente, a las mujeres con discapacidad.

 

Este estado de cosas, al parecer de CERMI Mujeres, impone que la futura normativa que vaya a regular medidas adicionales y más vigorosas para asegurar la igualdad retributiva sin sesgo por sexo ha de tener particularmente presente la situación de las mujeres con discapacidad, como víctimas de una discriminación interseccional de efectos más devastadores para una remuneración igualitaria entre hombres y mujeres.

 

Así, CERMI Mujeres ha planteado a Trabajo que la variable discapacidad, como factor de discriminación interseccional prevalente en materia de igual remuneración, permee transversalmente la norma reglamentaria en preparación, desde un enfoque exigente de género y discapacidad.

 

Además, desde CERMI Mujeres se ha propuesto que en la futura norma reglamentaria se considere a las mujeres con discapacidad “un colectivo específico” que por sus características es susceptible de una mayor vulnerabilidad en materia de discriminación retributiva, adoptándose las medidas más adecuadas para luchar contra ese brecha salarial más intensa.