Así lo ha hecho en la jornada de reflexiones conjuntas y buenas prácticas en el ámbito del envejecimiento, organizada por la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR). Se trata de una actividad enmarcada en el proyecto ‘Cuidándonos para un Futuro Mejor’, subvencionado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

 

La FCM ha intervenido en la mesa redonda ‘Secuelas físicas y psicológicas de los círculos de control social en personas mayores del medio rural’, en la que la coordinadora de la entidad, Isabel Caballero, ha abordado la situación de las mujeres mayores con discapacidad en el entorno rural. Sobre esta cuestión, Caballero ha recordado que no existe una política que incluya la intersección de género y discapacidad en el medio rural y que, además, tome en consideración la edad.

 

En España, las mujeres y los hombres con discapacidad que residen en áreas y zonas rurales constituyen un grupo poblacional numeroso que supera el millón de personas; cifra no menor si se tiene en cuenta que, según los datos de la última Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y situaciones de dependencia (EDAD) de 2020 en nuestro país residen 2,63 millones de personas con discapacidad mayores de 65 años.

 

Asimismo, la citada encuesta indica que la proporción que suponen las personas mayores con discapacidad sobre el total de las personas con discapacidad es significativamente más alta en el caso de las mujeres (65,9%) que en el de los hombres (51,5%).

Esta población rural con discapacidad sufre índices de exclusión social y carencia de apoyos y recursos adecuados mucho mayores que los de la población urbana con discapacidad, lo que supone una presión constante y creciente para abandonar este medio. 

 

Un estudio llevado a cabo por el Observatorio Estatal de la Discapacidad en el año 2018 en colaboración con la FCM, titulado ‘Las mujeres y niñas con discapacidad en el ámbito rural en España’, señala que el 75% de las mujeres con discapacidad residentes en el entorno rural consideran que viven con peor calidad de vida que los hombres con discapacidad. Por su parte, el 67% encuentra más dificultades que su contraparte masculina a la hora de establecer relaciones sociales, sentimentales o para independizarse.

 

En este foro, la FCM ha denunciado los preocupantes datos que arroja el XII Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer de 2018, donde se señala que, del total de mujeres que murieron asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en 2018, el 20% tenía una discapacidad reconocida. La violencia, ya sea de género o doméstica, es un grave problema que sufren todas las mujeres con discapacidad de cualquier edad y residentes en cualquier ámbito, aunque sigue siendo una realidad invisible en las políticas públicas.

 

Según la FCM, contribuye a que se exacerbe la violencia y la sobreprotección el hecho de que en las zonas rurales el peso de las tradiciones incremente el control social situando en un lugar de mayor vulnerabilidad a las mujeres con discapacidad adultas mayores. Sería necesario, en opinión de la FCM, articular medidas encaminadas a potenciar el empoderamiento de este sector de la población en todo lo relativo a la autonomía económica, ya que muchas mujeres con discapacidad mayores sobreviven con una pensión no contributiva, ingreso que, por lo general, se toma como un complemento más a la unidad familiar. De esta manera, las mujeres con discapacidad en muchas ocasiones ni siquiera saben el monto de su pensión ni deciden en qué invertirlo.

 

Es prioritario, igualmente, reconocer el trabajo de los cuidados y ofrecer espacios de respiro, información, formación y apoyos para el cuidado a las familias y en especial a las mujeres (madres, esposas, hijas, hermanas…) que son las principales cuidadoras de personas en situación de dependencia. En este punto, la FCM considera necesario reivindicar la figura de la mujer con discapacidad cuidadora. Por ello, esta nueva política de cuidados debe concebirse activando políticas de promoción de la autonomía personal y evitando la institucionalización.

 

Por consiguiente, es de vital importancia fomentar la participación social y comunitaria para dar visibilidad a las mujeres con discapacidad mayores. Para ello se han de generar las condiciones y oportunidades desde los ayuntamientos y las propias organizaciones sociales (vecinales, de mujeres, de discapacidad…).

 

Finalmente, urge garantizar el acceso a la formación y a las TIC en los derechos de las mujeres con discapacidad, a fin de empoderarlas y que se reconozcan y promuevan sus voces en los asuntos que les conciernen.

 

Así todo, la FCM cita como ejemplo de buena praxis para las mujeres con discapacidad en el entorno rural la iniciativa ‘Julia Mujeres Rurales y Salud Mental, redes que sanan en entornos rurales’, impulsado por la organización Salud Mental Castilla y León. Este proyecto consiste en la impartición de talleres de crecimiento personal y grupal dirigidos a mujeres con discapacidad psicosocial y es una respuesta a la necesidad de fortalecer los recursos de protección y prevención de la exclusión social y la violencia contra las mujeres con problemas de salud mental.