Así lo recoge el informe sombra que la FCM ha elaborado ante la revisión a la que se someterá el Estado español este año por parte del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas sobre el grado de cumplimiento de la Convención Internacional de la Discapacidad.

 

Este informe cuenta con el respaldo del Consejo de Participación de la FCM y contiene recomendaciones que la entidad cree que el Comité debe tener en cuenta a la hora de realizar las observaciones oportunas tras la segunda revisión, después de que la primera tuviera lugar en 2011. De aquel examen, existen importantes recomendaciones que hizo la ONU a España y que todavía no han sido implementadas.

 

La FCM cree que el conjunto de administraciones públicas del Estado deben reforzar las medidas para luchar contra la discriminación múltiple e interseccional que sufren las mujeres y niñas con discapacidad, especialmente en las áreas de educación, empleo, salud, acceso a la justicia, pobreza y violencia, incluyendo la recopilación de datos desagregados y estudios específicos. Además, el texto llama la atención sobre las enormes diferencias que existen entre comunidades autónomas.

 

 

El informe valora positivamente la aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que contiene medidas específicas para la atención a víctimas con discapacidad, así como de la incorporación de la variable de discapacidad en algunas de las estadísticas oficiales sobre violencia de género del Estado Parte. Eso sí, muestra su preocupación por el hecho de que las mujeres y niñas con discapacidad tengan un mayor riesgo de sufrir todo tipo de violencia, que no se haya efectuado ningún estudio amplio sobre esta cuestión y que los recursos especializados de violencia de género del Estado Parte no sean accesibles e inclusivos.

 

Asimismo, denuncia que se sigan produciendo esterilizaciones forzadas y abortos coercitivos y alerta de los obstáculos que enfrentan las mujeres y niñas con discapacidad para acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los servicios de reproducción asistida, así como la insuficiente información y educación sobre planificación familiar en formatos accesibles.

 

Por otro lado, la FCM critica la alta tasa de inactividad laboral de las mujeres con discapacidad, así como la precariedad en el empleo y la brecha salarial que sufren las trabajadoras con discapacidad, en particular aquellas que tienen una discapacidad intelectual, psicosocial o con sordoceguera. Por ello, traslada a la ONU la necesidad de que España, en estrecha colaboración con las organizaciones de mujeres con discapacidad, formule y establezca una política de empleo eficaz para este grupo social.

 

A esta situación se suman los efectos perniciosos en las políticas de protección social que han ocasionado las medidas de austeridad impulsadas durante los años más duros de la crisis económica, acarreando un aumento de los niveles de exclusión y pobreza de las mujeres y niñas con discapacidad.

 

En su opinión, el Estado debe  reestablecer con carácter de urgencia las medidas de protección social y de reducción de la pobreza de las personas con discapacidad con perspectiva de género.