Las propuestas realizadas por CERMIN están encaminadas a aumentar partidas presupuestarias que cubran realmente el coste de los servicios de calidad que las entidades realizan y a recuperar ciertas partidas desaparecidas en años anteriores que daban respuesta a necesidades de las personas con discapacidad y sus familias (como el programa de vacaciones/respiro, las ayudas a la adaptación de vehículos o la financiación de ayudas técnicas), todas ellas dependientes de la Agencia Navarra para la Autonomía y el Desarrollo de las Personas.

 

El aumento del presupuesto de la Agencia da respuesta a las necesidades del desarrollo de la ley de dependencia, pero el CERMIN considera que no se ha apostado por la discapacidad y por los programas que llevan a cabo las asociaciones a través de las convocatorias de subvención.

 

El comité valora de forma positiva el incremento del año pasado, vía enmienda, pero consideran que se ha demostrado año tras año que la asignación presupuestaria de las partidas dirigidas a programas de personas con discapacidad gestionadas por entidades sociales no dan respuesta a las necesidades reales. Así mismo, el incremento que este año ha experimentado el Fondo 0.7% de Fines Sociales, entiende CERMIN que supondría un incremento en las partidas dirigidas a la convocatoria de subvenciones a entidades sociales. Pero no ha sido así, sino que se ha mantenido el importe total igual que el año pasado.

 

En definitiva, desciende la asignación que corresponde a la acción de gobierno y se traspasa la responsabilidad a la voluntad ciudadana, a la que la entidad agradece enormemente que nuevamente haya apostado por fines sociales, sin embargo, esperan que en el tránsito parlamentario del anteproyecto se consiga enmendar y la apuesta política por la discapacidad y la autonomía de las personas sea una realidad.

 

Asimismo, echa en falta la implementación económica que de manera transversal debiera incorporarse en la acción de gobierno a través de los distintos presupuestos departamentales dirigidos a implementar acciones en Accesibilidad Universal como principio rector de cara a asegurar que las personas con discapacidad puedan desarrollarse en plenitud de derechos como cualquier ciudadano/a de esta comunidad y para cumplir la legislación vigente en esta materia (Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social).