Así lo ponen de manifiesto el CERMI y Salud Mental España en una misiva remitida al ministro de Exteriores, Josep Borrell, y a la titular de la cartera de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, en la que muestran su preocupación por el ‘Protocolo Adicional al Convenio de Oviedo sobre Derechos Humanos y Biomedicina sobre la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas con trastornos mentales con respecto al ingreso y tratamiento involuntario’.

 

Ambas entidades recuerdan que en 2013, el Comité de Bioética del Consejo de Europa tomó la decisión de redactar un Protocolo adicional al Convenio de Oviedo con el fin de que los tratamientos involuntarios estén incluidos y protocolarizados, lo que supone un ataque directo a los derechos humanos y a la dignidad de las personas con trastornos mentales.

 

El Protocolo de Oviedo confunde coerción y cuidados, autoriza la privación de libertad de la persona con problemas de salud mental basada en la presunción de riesgo, no apoya ni promueve la creación de recursos alternativos en los que se respeten la voluntad y las preferencias de las personas y no da respuesta a las advertencias de los organismos más relevantes en el ámbito de los derechos humanos.

 

Se han celebrado consultas públicas desde 2015 y varias partes interesadas han pedido la retirada del proyecto de Protocolo Adicional, incluido el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias, la propia Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y muchas organizaciones representativas de personas con discapacidad, entre otros.

 

El CERMI y Salud Mental España explican que, pese a que el texto del Protocolo Adicional cita a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, vulnera varios artículos de dicho tratado, de obligado cumplimiento por los países que lo han ratificado, entre los que se encuentra España. En concreto, vulnera explícitamente el artículo 14 (libertad y seguridad de la persona); el 15 (prohibición de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes); el artículo 17 (protección del integridad de la persona), y el artículo 25 (derecho a la salud).

 

La carta también destaca que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha criticado expresamente cualquier trato degradante hacia las personas con discapacidad psicosocial. Por todo ello, se puede crear un conflicto entre dos marcos legales diferentes en materia de derechos humanos.

 

“A pesar de estos sólidos argumentos presentados por expertos y expertas internacionales, organizaciones representativas de personas con discapacidad y ciudadanos de Europa, el Comité de Bioética está finalizando su trabajo sobre el Protocolo Adicional, bajo el mandato recibido de los Estados miembros del Consejo de Europa”, denuncian Salud Mental España y CERMI, que hacen hincapié en que el Gobierno se oponga al Protocolo Adicional al Convenio de Oviedo a través del Consejo de Ministros.