Este encuentro ha estado presidido por el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y ha contado con la presencia del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz; de los representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil; del Fiscal de Sala Delegado Coordinador contra los Delitos de Odio y Discriminación, Fernando Rodríguez Rey; de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, así como de las organizaciones del Tercer Sector que están representadas en la Comisión de Seguimiento.

 

Durante su intervención, Saravia ha mostrado su preocupación por los datos arrojados por la encuesta ‘El Futuro es Ahora’, realizada a la juventud española (13.000 personas entre los 16 y 34 años de edad) sobre sus preocupaciones y sus propuestas de futuro, que concluye que el 71% de los encuestados cree que los discursos de odio deberían prohibirse, no sólo en las redes sociales sino también dentro del propio Congreso.

 

También se desprende que el 51 % se siente más integrado dentro de las redes sociales que fuera; que el 87 % de los jóvenes se sienten poco o nada representados por algún partido político; y que el 92,43 % piensan que la opinión de los jóvenes les importa poco o nada a los políticos a la hora de elaborar políticas que les afectan y a nivel político han pedido que se prohíban formaciones políticas que fomenten el odio.

 

En este sentido, ha manifestado que ejercerá la acción popular en el proceso penal por el reciente homicidio del joven Isaac López, madrileño con Síndrome de Asperger, con el objetivo de que se castigue “lo más severamente posible” este presunto delito de odio por motivo de la discapacidad.

 

Asimismo, el representante del CERMI ha recordado que la Convención de la ONU recoge la protección contra el abuso y la integridad personal, respectivamente; al tiempo que la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad define al acoso como “toda conducta no deseada relacionada con la discapacidad de una persona, que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo”.

 

Por su parte, el ministro Grande-Marlaska ha afirmado que el Plan de Acción desplegado durante los últimos dos años y medio ha supuesto “grandes avances”, pero que subsisten “aún muchos pasos” que deben darse “en el respeto mutuo entre todos y todas las personas que conforman la sociedad española”. Además, ha incidido en que los ataques con motivo de odio “no van dirigidos sólo a la persona que es víctima sino también a todo el colectivo del que forma parte”. “Uno de los mayores méritos del Plan tiene que ver con la contribución de todos los ámbitos implicados”, ha añadido.

 

Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil, a través de sus portavoces, han ofrecido los principales indicadores del Plan de Acción en relación con los aspectos formativos de sus miembros y las labores de prevención, así como el impacto que tuvo la COVID-19 en las distintas actividades puestas en marcha.

 

Según se ha informado, en materia de formación y prevención, se han llevado a cabo 609 acciones formativas relacionadas con los delitos de odio; se han esclarecido el 68% de los casos, y entre enero y junio del 2021 se han impartido 252 charlas informativas en centros educativos de toda España.

 

Por último, el Grande-Marlaska ha finalizado la reunión anunciando que ya se está elaborando el Segundo Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio que se dará a conocer a comienzos del 2022, y cuyo marco temporal de aplicación se extenderá hasta el 2024.