A juicio del CERMI y de todo el tercer sector estatal, las dos iniciativas legislativas son globalmente positivas y han surgido de las propias demandas de la sociedad civil organizada, que ha sido protagonista en su impulso y gestación, por lo que deberían encontrar el correspondiente eco político que se traduzca en un amplio consenso parlamentario en su aprobación.  

 

Es el momento de mejorar los textos de partida remitidos por el Gobierno, para ensanchar y profundizar los mandatos a favor del tercer sector de acción social y el voluntariado que contienen, y esto se consigue con los cambios que planteen los propios grupos a través de enmiendas al articulado.

 

Son normas necesarias, promovidas desde el mundo de las entidades del tercer sector y del voluntariado, que con esta nueva legislación, una vez aprobada, dispondrá de más y mejores herramientas para desplegar su función de agente de cambio social a favor de los derechos, la inclusión y el bienestar.