Esta reivindicación se enmarca en la campaña ‘Horizonte Accesibilidad 4 diciembre 2017’, que el CERMI ha puesto en marcha para todo el año, con el fin de denunciar cada mes situaciones discriminatorias por falta de accesibilidad universal en distintos ámbitos, entornos, productos y servicios, que pongan barreras a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.

 

El nombre de la campaña alude al plazo legal que España se dio en 2003 con la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social para que todos los productos, bienes, entornos y servicios fueran accesibles.

 

Precisamente, el CERMI elaboró hace ya dos años un modelo de ordenanza de eurotaxis para que sirviera de referencia a los ayuntamientos a la hora de ordenar y regular esta modalidad de transporte urbano.

 

Se puede acceder a toda la información de la campaña en el siguiente enlace.

 

El CERMI  ha denunciado en numerosas ocasiones que el plazo del 4 de diciembre se va a incumplir, ya que no queda tiempo suficiente para que se subsanen todos los problemas de accesibilidad que siguen existiendo en múltiples ámbitos. Eso sí, ha pedido que se use la cercanía de la fecha tope del 4 de diciembre de este ejercicio para acelerar la puesta en marcha de acciones para ir eliminando barreras arquitectónicas que además de dificultar el día a día de las personas con discapacidad, vulneran la Convención de Naciones Unidas de los derechos de este grupo social, que fue aprobada hace una década.

 

Entre los temas que protagonizarán la campaña en los próximos meses se encuentran los problemas de accesibilidad en oficinas de notaría y registros de la propiedad; falta de taxis accesibles (eurotaxis); plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida; problemas de accesibilidad en servicios como el 112 y otros teléfonos de emergencia, en eventos culturales de interés y en páginas webs de organismos públicos; dificultades de uso por parte de las personas con discapacidad de aplicaciones móviles y redes sociales; barreras arquitectónicas en el transporte público, y falta de accesibilidad cognitiva en ámbitos como documentos públicos relevantes.