Así lo ha puesto de manifiesto el presidente de la entidad, Luis Cayo Pérez Bueno, en una entrevista concedida a la publicación ‘Cermi.es semanal’, con motivo de su reciente reelección como presidente de la plataforma representativa de la discapacidad en España.

 

A juicio de Pérez Bueno, “la desprotección que hemos tenido en nuestros dispositivos de acompañamiento social, que en discapacidad son absolutamente decisivos, es porque no tenemos un marco constitucional que proteja, que reconozca y que le dé un rango adecuado y suficiente a los derechos sociales”.

 

“En estos próximos cuatro años, con independencia de si la legislatura cuaja o no, o de si se vuelven a realizar elecciones, el horizonte son los derechos sociales constitucionalmente reconocidos”, agregó el presidente del CERMI. En cuanto a la situación política actual, Pérez Bueno pidió a los políticos que trabajen para alcanzar acuerdos que sirvan para resolver los problemas de la ciudadanía. En su opinión, la clase política debería fijarse más en los esfuerzos que la sociedad está haciendo de cohesión y de trabajo constructivo. “Si aquí estamos construyendo agendas compartidas, trabajando cooperativamente, más allá de las diferencias justificadas, ¿por qué no se puede hacer otro tanto en la vida política?”, se preguntó.

 

 

Por otra parte, el máximo representante del CERMI se refirió al hecho de que en diciembre de 2017 concluya el plazo legal que España se fijó en 2003 para que todos los bienes, servicios e infraestructuras de interés público fueran accesibles, algo que además estaría en línea con lo que exige la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

 

“A veces, la democracia que vivimos en lo social es de 'low cost'. Si tú incumples una norma fiscal o penal las consecuencias son irremediables y de un rigor extremo, pero si incumples las normas sociales, que tienen el mismo rango, parece haber una impunidad generalizada y extendida. Eso tiene que cambiar”, aseveró Pérez Bueno. 

 

En esta línea, avisó de que el CERMI desarrollará “una estrategia de presión, visibilización y protesta acerca de las necesidades de accesibilidad no cumplidas”.

 

Con respecto a la accesibilidad en las viviendas, el presidente del CERMI insistió en la necesidad de reformar la Ley de Propiedad Horizontal, recordando que en torno al 70% de los edificios de este tipo presentan problemas de accesibilidad. A su juicio, eso supone que muchas personas con discapacidad y de la tercera edad “están viviendo en hogares indignos porque no pueden entrar y salir libremente”.

 

Según explicó el presidente del CERMI, deben ser las comunidades de vecinos las que asuman los costes de dotar de plena accesibilidad a al edificio, porque “se trata de socializar la accesibilidad, y si la igualdad es un valor social, la sociedad tiene que hacerse cargo de ella”.

 

 

El presidente del Comité también abogó por trabajar para luchar en favor de la igualdad de las mujeres con discapacidad, algo que debe ser “esencial” en los próximos cuatro años, y que en su opinión, se demuestra con la creación hace un año y medio de la Fundación CERMI Mujeres, amén de la Comisión de la Mujer del CERMI Estatal que lleva años dando pasos en esa dirección junto al esfuerzo de los CERMIS Autonómicos.

 

Eso sí, reconoció que en el propio tejido asociativo de la discapacidad las mujeres y niñas también están discriminadas y tienen una menor representación. “la cuestión de género no es una más que está sobre la mesa como otras 20, sino que es nuclear. Está en el centro mismo y nos va a justificar moral y políticamente. Como no hagamos muchas y buenas cosas en temas de género habremos fracasado como movimiento que habla de derechos y de inclusión”, zanjó el presidente del CERMI.