Así se ha expresado Luis Cayo Pérez Bueno, presidente de esta entidad, hoy en Bilbao en un curso organizado por el Colegio de Abogados de Vizcaya sobre protección jurídica de este sector social.

 

El activismo jurídico es una actitud combativa tanto de los operadores jurídicos, como la abogacía, muy en primer término, como de las propias personas con discapacidad, sus familias y sus organizaciones, que han de empoderarse en términos de defensa legal, preventiva y reactivamente, y generando condiciones favorables para el ejercicio regular de los derechos de esta parte de la diversidad social.

 

La alianza entre la abogacía y el movimiento social de la discapacidad, en la consolidación y el despliegue del activismo jurídico, insistió Pérez Bueno, es imprescindible para la aplicación real y efectiva del Derecho declarado, pero no practicado, que es el gran déficit de nuestro sistema jurídico respecto de las personas con discapacidad.

 

Necesitamos, desde luego, renovar el Derecho de la Discapacidad, la tarea creativa y transformadora es enorme aún, pero donde la situación raya con lo calamitoso es en la aplicación de la norma, concluyó el presidente del CERMI.