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viernes, 24 de enero de 2014cermi.es semanal Nº 108

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CERMIS Autonómicos

El CERMI aplaude la decisión del Gobierno de Extremadura de reservar contratos públicos para empresas sociales de la discapacidad

21/01/2014

El CERMI aplaude la decisión del Gobierno de Extremadura de regular legalmente una reserva de contratos públicos de la Administración extremeña en favor de empresas sociales de la discapacidad como son los centros especiales de empleo.

A raíz de una petición realizada por el CERMI Estatal y el CERMI Extremadura al presidente Monago, el Gobierno de Extremadura ha establecido en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2014, una reserva de contrataciones  de servicios de la administración para centros especiales de empleo y centros de inserción sociolaboral.
 
La citada Ley dispone que los órganos de contratación de la Junta de Extremadura y sus entidades públicas dependientes deberán reservar la participación en los procedimientos de adjudicación de contratos a centros especiales de empleo sin ánimo de lucro y centros de inserción sociolaboral o reservar su ejecución a determinadas empresas en el marco de programas de empleo protegido cuando la mayoría y/o cuando al menos el 70% de los trabajadores afectados sean personas con discapacidad o en situación de exclusión social.
 
Y añade que el importe de los contratos reservados será de un 6 por 100 como mínimo del importe de los contratos adjudicados en el ejercicio presupuestario inmediatamente anterior para la ejecución de las áreas de actividad que se determinen.
 
Para ello, los anuncios de licitación de los contratos objeto de esa reserva deberán mencionar expresamente la misma. Finalmente, la Ley extremeña establece que mediante acuerdo de Consejo de Gobierno se determinarán las condiciones y áreas de actividad adecuadas al cumplimiento de los objetivos contemplados en la regulación normativa.
 
Con esta decisión, Extremadura es la tercera comunidad autónoma, tras Navarra y Castilla y León, que se suma a medidas efectivas con rango legal de contratación pública socialmente responsable a favor de personas con discapacidad y en situación de exclusión social. 
 
El CERMI espera que el resto de comunidades autónoma sigan este ejemplo y pronto adapten sus legislación a los requerimientos de la contratación social responsable.
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