La argumentación del Tribunal Supremo, que invoca la especial protección que el ordenamiento jurídico depara a las personas con discapacidad, recordando a estos efectos tanto el artículo 49 de la Constitución Española como la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, señala la función social de la propiedad y los límites a que se puede someter a esta para dar satisfacción a necesidades de las personas con discapacidad, como es la accesibilidad de su vivienda y de los elementos comunes.

 

Esta motivación del Alto Tribunal, que considera la negativa de la comunidad de propietarios a realizar las obras de accesibilidad solicitadas como un abuso de derecho, contrario a la legalidad, es la que viene defendiendo el CERMI desde hace años para modificar la Ley de Propiedad Horizontal y lograr que el coste de las obras y actuaciones de accesibilidad sea asumido en su integridad por la comunidad de propietarios, como obligación esencial.

 

Esta sentencia del máximo órgano jurisdiccional español es un argumento de peso que avala la necesidad de reformar la legislación sobre propiedad horizontal, demanda insistente del movimiento asociativo de la discapacidad que los sucesivos Gobiernos vienen ignorando condenando a miles de personas con discapacidad y mayores a vivir en condiciones indignas.