Gracias a la labor de presión e incidencia del movimiento asociativo de la discapacidad a lo largo de la tramitación de la iniciativa legislativa, la modificación del  Código Penal mejora el trato penal que reciben las personas con discapacidad como sujetos pasivos de delitos, incorporando los nuevos enfoques que derivan de los mandatos de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.

 

Aspectos como el mantenimiento de la actual regulación de las medidas de seguridad aplicables a personas inimputables, frente al intento de sustituirla por otra alternativa gravemente lesiva: la definición de la categoría de personas con discapacidad de especial protección a efectos penales; el incremento de penas en el caso de que la víctima sea persona con discapacidad o el infractor haya actuado por motivos de discapacidad, o la nueva redacción de la esterilización no consentida, suponen mejoras desde el punto de vista de los derechos de las personas con discapacidad.

 

Otras cuestiones como la derogación de la excusa absolutoria en el caso de los delitos patrimoniales entre familiares cuando la perjudicada sea una persona con discapacidad, la actualización terminológica, desterrando el uso del término “incapaz” o la nueva redacción de muchos tipos penales, donde se incluye la perspectiva de discapacidad, constituyen progresos jurídico-penales bien recibidos por este sector social.

 

El CERMI espera que estos cambios normativos favorables en la esfera penal continúen con la próxima aprobación de la Ley reguladora del Estatuto de la Víctima del Delito, en el que la posición de la discapacidad también quedará más intensamente protegida.